Ahora que se han concretado las principales reformas al régimen mexicano, promovidas desde la Presidencia de la República con una perspectiva de mediano y largo plazo, surge la necesaria y siempre angustiante pausa que lleva a reflexionar sobre cuáles serán los verdaderos efectos y consecuencias de la implementación de todos los cambios y ajustes previstos.
En gestión pública es un lugar demasiado común y conocido el fenómeno de las así llamadas consecuencias y efectos no previstos. Esto no es otra cosa más que reconocer que, al momento de impulsarse cambios en la forma en que se gestionan las políticas y las organizaciones públicas, surgen consecuencias no previstas o conocidas con anterioridad.
Y si bien, en muchos casos, estas consecuencias no previstas no alteran de fondo lo que se persiguió con las modificaciones, en muchos casos sí llegan a generar desencanto o desánimo, incluso, entre quienes las promovieron.
Más allá de especular sobre lo que podría pasar en los meses y años por venir con las reformas energética y de telecomunicaciones recientemente aprobadas, lo que me parece relevante es valorar en qué medida ambas podrían verse afectadas por una larga tradición política e institucional presente en nuestro país.
Me refiero a lo que en su momento planteó Don Jesús Reyes Heroles de forma por demás brillante y espectacular. Retomando lo que Giuseppe Tomasi di Lampedusa ofreció en su célebre novela El Gatopardo, Reyes Heroles insistió que en México sufrimos de la inevitable tentación de jugar al Gatopardo, o lo que es lo mismo, aplicar reformas y transformaciones que “todo lo cambian, para que todo siga siendo igual”.
La sentencia, tomada del personaje central de la novela el príncipe Fabrizio Salina, hace alusión a como las profundas transformaciones que se estaban dando en la Italia unificada por Garibaldi no alteraron la estructura del poder, ni la influencia de los grupos más tradicionales, como la nobleza y la burguesía. Sólo se modificaron las instituciones y los procesos mediante los cuales ejercían y ejercen el poder aún hoy en día.
De lo que sigue, entonces, es que pensemos si eso que observó Reyes Heroles en las reformas económica, administrativa y político-electoral de la década de 1970 podría suceder ahora en pleno Siglo XXI con las transformaciones que se aplicarán a las políticas nacionales de energía, de hidrocarburos y de telecomunicaciones.
Desde la izquierda legislativa se insiste con vehemencia que lo hecho con las nuevas leyes sólo servirá para que los grupos y empresas que ya son dominantes en los sectores involucrados, lo sean más. Y se piensa por igual en empresas privadas, elites burocráticas y liderazgos sindicales dentro y fuera del sector público.
Desde otra perspectiva, se puede pensar que toda la implementación de los ajustes se dará atendiendo a lo que bien podría denominarse como los usos y costumbres burocráticos. O lo que es lo mismo, la Secretaría de Energía federal y las direcciones de Pemex y de CFE actuarán de acuerdo a lo que siempre han sido sus códigos de conducta, sin atender o pretender cambios más allá de los jurídicamente obligados.
Si esto fuera el caso, luego entonces sí tendríamos que estar abiertamente preocupados. Pues no puede perderse de vista que la historia está llena de ejemplos en los que procesos de cambio profundamente innovadores y hasta revolucionarios terminaron siendo conservadores y promotores del statu quo.
La clave para que esto no ocurra, o cuando menos no ocurra de forma encubierta por la propia lógica burocrática, reside en que se mantenga la presencia e involucramiento legislativos y que se prevea y amplíe significativamente la participación ciudadana.
