Sin considerar los gastos por la compra de equipos de cómputo, uniformes y calzado y, asimismo, los referentes a la inscripción, cada retorno a clases representa una derrama de alrededor de 54 a 60 millones de pesos al comercio en San Luis Potosí, calculó el ex presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el abogado Roberto García López.
Y es que, dijo quien fuera doce años consecutivo el representante de los paterfa-milia en San Luis Potosí, el gasto mínimo en cada apertura de períodos educativos, en el nivel primaria, implica un gasto mínimo promedio de entre mil 500 y mil 800 pesos por hijo.
Conforme se ha incremen-tado la demanda de tecnología: computadoras, tabletas y servicios de internet, el costo por hijo en edad escolar se ha venido incrementando para los padres de familia, colocándose más allá del poder adquisitivo de sus ingresos reales, si no se descuida que el salario no ha crecido y en cambio, sí se ha deteriorado.
Aunque la educación pública es definida en los textos constitucionales como gratuita, en lo que corresponde al Estado, esta gratuidad se ha perdido de manera indirecta, por el requerimiento constante de tecnologías, materiales de apoyo didáctico y las consabidas aportaciones “voluntarias” de los padres de familia, comentó.
Roberto García López dijo que estos escenarios han sido olvidados con frecuencia por los legisladores, en particular por los que impulsaron la llamada reforma educativa, más porque esta carece de contenidos y programas auténtica-mente educativos y se enfila más hacia el aspecto del control laboral de los maestros, en particular de aquellos que se han organizado al margen del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
