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    Reforma energética: enajenación, alambicamiento, pulverización

    By on 2 agosto, 2014

     

    Era claro que se necesitaba una reforma energética para combatir los graves problemas y fallas que abruman al sector en nuestro país: pérdida paulatina de la autosuficiencia energética, agotamiento de reservas y caída de la producción petrolera, altísimas importaciones de gas y petroquímicos, desvío de la renta petrolera de los objetivos de servir a los intereses generales de la nación y específicamente a la reducción de la desigualdad económica y social, ineficacia y corrupción en el manejo y operación de las paraestatales del sector, en el transporte y uso de la energía, fuerte distorsión de la política fiscal por su alta dependencia de los ingresos expoliados a Pemex, descuido en la investigación científica y tecnológica relacionada con la producción y el aprovechamiento racional de la energía, negligencia en el cuidado al medio ambiente en las operaciones de la industria.
    Sin embargo, a la vista de la reforma constitucional en materia de energía aprobada en el Congreso, y de sus leyes secundarias en vías de aprobación mediante el crudo ejercicio del mayoriteo sin representación democrática por senadores y diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, el resultado falla irremisiblemente en orientarse hacia aquel objetivo, y queda en un grosero designio legislativo que enajenará riquezas de la Nación, principalmente a extranjeros, con leyes, reglamentos e inventos institucionales cuyo alambicamiento y pulverización harán extremadamente difícil seguir el control adecuado del proceso de acuerdo a los intereses nacionales.
    Se trata de un paquete de legislación secundaria que abarca, nada menos, 21 leyes, agrupadas en nueve iniciativas. Este barroquismo legislativo e institucional aprobado en “fast track” será un magnifico caldo de cultivo para leguleyos, gestores, coyotes, que buscarán con sus artimañas y moches sacar el mejor provecho para sus poderosos clientes en busca de la renta energética del país; cuantimás que las propuestas tienen un importante déficit en materia de transparencia y fiscalización. La nueva legislación no da la importancia y cuidado que se deben a la ecología, a los derechos de pueblos y comunidades, orientando cada vez más el desarrollo industrial del país a un modelo petrolizado, mineralizado, en general extractor de las riquezas primarias con el menor valor de transformación agregado.
    Así, con esta legislación se pierde la “conexión con el desarrollo” de la industria energética, las cadenas productivas de la misma, como explica Rogelio Ramírez de la O. “Crecimiento sin petróleo”, El Universal, 30jul14). Esto, cuando analistas del propio sector privado señalan la urgente necesidad de una política industrial que estimule el contenido nacional en la producción del país y fortalecer así el mercado interno; dejar de ser un país maquilador de partes y piezas elaboradas en el extranjero, “dejar de seguir exportando importaciones”.
    Con la pulverización legislativa y administrativa ya no podrá haber Estrategia Nacional de Energía; será la política de las empresas la que prevalecerá, incluidas Pemex y CFE como independientes “empresas productivas del Estado, retirándole acciones ejecutivas al Ejecutivo Federal. ¿Esta autonomía de gestión garantiza que seguirán, como se debe, atendiendo los intereses nacionales y que se combatirá la corrupción rampante? Jorge Eduardo Navarrete demuestra fehacientemente que no (“Pemex, un régimen de excepción”, La Jornada, 31jul14). Otro especialista es crítico en relación a las facilidades que la nueva legislación da a Pemex en materia de filiales en el extranjero, “para canalizar negocios específicos con controles mínimos y fuera del ámbito de las leyes federales de contratación pública”.
    David Shields, “Nuevos ductos… a lo chino”, artículo en Reforma, 29jul14).
    Es inaudito que esta perspectiva la tenga más claro el gobernador de California, Jerry Brown, que, con base en la negativa experiencia de la privatización de la electricidad en ese estado, recomendó a senadores mexicanos tener “mano dura” en la regulación de las empresas privadas que inviertan con las nuevas reglas en el sector de la energía en México, pues de lo contrario, afirmó enfático, “se los van a comer vivos”… A los reguladores oficiales y también a las empresas medianas y pequeñas; ya la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo advierte sobre el riesgo a que se verán sometidas las pequeñas empresas nacionales, que hoy significan la mayor parte de las estaciones expendedoras de gasolina al menudeo en el país, con la apertura a la competencia extranjera en 2018.
    También seguiremos sacrificando la producción agropecuaria y la autosuficiencia alimentaria, el medio ambiente, el paisaje y el modo de vida del campo por la explotación petrolera y minera.
    ¿La obsesión por el petróleo y el gas de lutitas o esquistos (shale gas, shale oil), por medio de la técnica de fracturación hidráulica (fracking), garantiza como debería la no contaminación de las tierras, los acuíferos; el uso racional de nuestras escasas dotaciones de agua potable y los derechos a un ambiente limpio de las comunidades y pueblos donde se lleve a cabo?
    Por supuesto que hay que reducir los pasivos laborales de Pemex, que se han dejado llegar a altísimas cifras con administraciones muy poco previsoras, mezcladas con indebidas preferencias políticas a líderes sindicales.
    Una reducción técnica mediante su consolidación como deuda gubernamental, pero acompañada necesariamente con una apropiada racionalización del régimen de pensiones a sus trabajadores, en negociaciones sensatas y transparentes con éstos (155 mil activos, además de 75 mil jubilados) para corregir de raíz estas fallas en beneficio de todos, evitando así que se interpongan posibles chantajes de los líderes sindicales.

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