En la Sierra de Los Cuchumatanes, en Guatemala, las familias de indígenas q’anjob’al, chuj, mam, popti y acateko, se fragmentaron desde hace más de 30 años. Primero se fueron los hombres y los jóvenes, pero recientemente los niños siguieron los pasos de sus familiares, para tratar de llegar a Estados Unidos.
En el parque central de San Pedro Solóma, la pujanza comercial de los indígenas q’anjob’ales —que sólo se equipara con los chamulas de Chiapas— inicia muy temprano con la apertura de los comercios, donde llegan productos desde la frontera de México: huevo, jabón, galletas de Puebla, harina de maíz, sopas e incluso gasolina.
Pese al incremento del IVA de 10% a 16% a principios de 2014 y las alzas constantes en el precio de la gasolina, los guatemaltecos que viven cerca de la frontera prefieren comprar el combustible en el territorio mexicano.
El galón de gasolina en Guatemala cuesta 36 quetzales (61 pesos) la regular y 38 quetzales (64.2) la súper. En México, esa cantidad de combustible tiene un costo, de 32 (54) y 34 quetzales (57 pesos).
La influencia estadounidense es palpable desde la forma de vestir de los muchachos con pantalones tipo cholo y que se organizan en pandillas para delinquir. Los comercios llevan nombre como “Panadería California”, “Centro Global dent”, “Comedor Lucky” y otros.
En esta región colindante con México, cientos de comunidades se encuentran en resistencia en contra de las empresas extranjeras como Energuate, parte de la corporación inglesa Actis, encargada de suministrar energía eléctrica en 19 departamentos.
Héctor Tovar de León, líder del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de La Mesilla, asegura que en Guatemala más de un millar de comunidades se han declarado en resistencia por los “altos cobros” de energía eléctrica, ya que en algunos casas llegaban recibos de entre cinco y 10 mil quetzales (de 8 a 16 mil 500 pesos); en hogares pobres, los indígenas pagan hasta 500 pesos mensuales.
“Nosotros estamos luchando para que la industria eléctrica deje de estar en manos privadas y se nacionalice”, explica Tovar de León.
A la par de este movimiento, las comunidades mantienen resistencia en contra de la construcción de presas y la presencia de mineras que buscan metales preciosos en la Sierra de Los Cuchumatanes.
La lucha contra los embalses y las mineras han dejando varios campesinos muertos y detenidos.
Buscan reunirse con sus padres
En el principal punto del comercio del poblado, un grupo de niños trabaja como “lustreros” (aseadores de calzado), pero muchos de ellos ya saben de los retos que significa dejar el pueblo para tratar de llegar a Estados Unidos.
Juan Agustín Tomás, de 12 años, fue asegurado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando intentaban pasar hacia Estados Unidos, por Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Estudiante del tercer año de primaria, Juan quería reunirse con su padre en Florida y para esto su progenitor pagó a los traficantes más de 10 mil quetzales, (16 mil 500 pesos) para que lo transportaran de la localidad de La Mesilla, Guatemala, a la frontera con Estados Unidos, en un trayecto de 2 mil 170 kilómetros, burlando garitas migratorias, retenes del Ejército y policías a lo largo de más de cuatro estados.
—¿Por qué quisiste ir hacia Estados Unidos?
—Porque quería reunirme con mi papá, que está en Florida.
Desde hace muchos años en San Pedro Solóma, los niños ya no se quedan en casa, ya que si no migran a Estados Unidos, acompañan a sus padres para vender durante semanas enteras en comunidades mexicanas ubicadas en la Selva, Sierra, Frontera; ropa, vitaminas, radios y otros productos que carga en redes sobre la espalda.
Otros niños prefieren viajar a la localidad más importante cercana a la Sierra de Los Cuchumatanes, como es Comitán de Domínguez, Chiapas, ubicada a 220 kilómetros, para trabajar como jardineros, para cortar árboles, pedir dinero y comida en las casas.
Pablo Juan Domingo dice que desde hace varios meses, los polleros llegaron a Solóma y Santa Eulalia, municipios separados por más de dos 20 kilómetros para comunicarle a las familias que si viajaban con uno o dos niños, “era muy fácil que los recibieran” en Estados Unidos y que las autoridades “de allá” les dieran papales.
Muchas familias se animaron a salir a la frontera norte con sus hijos y otros los dejaron en manos de coyotes, a quienes pagaron de 16 mil 500 a 19 mil 900 pesos, pero a la vuelta de unas semanas, muchos de los infantes ya estaban de regreso.
Juan José Solórzano, delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), comenta que de enero a julio, 582 infantes han llegado al aeropuerto de internacional La Aurora, procedentes de estados del norte de México; 416 niños y 166 niñas.
Abril fue el mes con mayor número de deportados, con 86 hombres y 25 mujeres; junio alcanzó una cifra de 74 y 35, respectivamente, y en lo que va de julio son 72 y 44.
La pobreza sigue expulsando a las familias hacia Estados Unidos, en esta sierra de tierra árida, donde el campo ya no da más para comer, pues sólo en el departamento de Huehuetenango, en lo que va del año, 17 niños han muerto por desnutrición, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesan).
Pedro García, presidente del consejo parroquial de la iglesia de Santa Eulalia, dice que fue en la década de los 70, que los primeros hombres y jóvenes dejaron el pueblo para viajar a Estados Unidos. “Escuchábamos: Me voy al norte, pero no con la magnitud de ahora; en ese tiempo no existían todas las consecuencias que ahora conocemos”.
Muchos niños que han salido hacia Estados Unidos, salen de su comunidad “por una necesidad económica” y porque quieren reunirse con sus padres.
El obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, en los dos años de visitas pastoral a las comunidades donde a diario salen cientos de hombres y mujeres a la frontera norte, explica a los católicos de los riesgos que representa la migración y cuáles son las consecuencias de realizar el viaje.
“Con decirle no te vayas, si la gente tiene esa necesidad creyendo que allá puede encontrar alguna superación, no se puede hacer nada”, comenta Pedro García, quien conoce algunas zonas de Santa Eulalia, donde los indígenas viven en la extrema pobreza.
Los indígenas ya no quieren quedarse en las comunidades, donde lo único que comen son hierbas silvestres, tortillas y frijoles.
El niño Juan Agustín Tomás contribuye para el sostenimiento de su hogar en San Pedro Solóma, pero a su madre no le alcanza el dinero para la manutención.
—¿Qué es lo que comes?
—Frijol, tortilla y hierbitas.
En Santa Eulalia, hace unos días fue repatriado Miguel Tomás Domingo Martín, de 10 años de edad, que permaneció más de dos meses en un albergue de Tapachula.
Miguel viajó con un hermano, pero fueron interceptados y las autoridades migratorias los separaron.
Cuando llegó al albergue de Tapachula no pudo ser repatriado inmediatamente, porque no recordaba ningún número de teléfono para que las autoridades contactaran con su familia.
Permaneció en el centro de mayo a julio, pero las autoridades de la Secretaría del Bienestar Social para la Presidencia de Guatemala localizaron a sus familiares en Santa Eulalia, hace apenas unos días.
A través de la radiodifusora comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, de Santa Eulalia, se trató de contactar a sus familiares, pero un hombre que llamó a la radio y que dijo ser su familiar comentó: “El niño ya no está aquí; regresó de nuevo a Estados Unidos”.