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    La guerra por el petróleo, a los medios

    By on 1 agosto, 2014

     

    Como suele decirse de las guerras, la primera víctima en la batalla por los energéticos será la verdad. Y no porque se trate de ocultar, sino porque tanto los convencidos del pase de México a la modernidad —como han ofrecido todos los mandatarios desde Luis Echeverría a la actualidad— como los que piensan que estamos en el proceso de remate de los últimos bienes de la nación cuentan con la visión particular del problema.
    En las bizantinas discusiones, lo mismo en las cámaras legislativas que en el café de la esquina, las posiciones son irreductibles, los razonamientos carentes de sostén y el encono cada día mayor entre los que pretenderían hacer valer su opinión.
    Pero este desorden es culpa de los miembros del Congreso, a los que habría que disculpar porque les es imposible leer las miles de páginas que conforman las mesas de análisis, los foros de debate, las conferencias magistrales y todos los etcéteras desarrollados en dos decenas de años, desde la primera ocasión que se pretendió abrir Pemex al mundo, como dicen ahora.
    No desaíro las opiniones legislativas, lo que sucede, y eso lo sabe el más desinteresado de los ciudadanos, no puede ni debe acusarse jamás a diputados y senadores mexicanos ni de buenos lectores ni mucho menos de acuciosos estudiosos de las iniciativas que les envían por distintos conductos.
    Para eso tienen un numerosísimo cuerpo de asesores encargados de elaborar los dictámenes correspondientes. Conocemos de sobra las cínicas declaraciones de legisladores que luego de que sus copartidarios les reclaman por avalar tal o cual propuesta presidencial, sin pudor alguno explican que nunca se enteraron del contenido.
    En el caso de los energéticos se está dando un fenómeno que debería preocupar al presidente Enrique Peña Nieto, si es que realmente se interesa en el asunto sin suponer que todo está planchado y guardadito en el closet para uso de los beneficiarios de las modificaciones constitucionales y leyes derivadas que le acompañan.
    Cada dependencia toca la flauta con sus tiempos y ritmos. Pero si alguna vez se ha necesitado coordinación entre oficinas de prensa del Estado, es en esta ocasión.
    Suena a burla que cuando los altos mandos nacionales festejan el buen curso de las negociaciones para aprobar las leyes reglamentarias y dicen con gran contento que los consumidores comunes y corrientes, usted, amigo lector, yo, pagaremos menos porque los precios bajarán, al mismo tiempo aparezcan anuncios del gasolinazo de la semana, reafirmando el criterio de que si la realidad no calza con el gobierno, pues que se joda la realidad.
    Incomoda más si los anuncios y la propaganda, simultáneos, se hacen con la despreocupación de quien sabe que dirige su mensaje por llamarlo mercadotécnicamente, a un público cautivo, que no cuenta con medios para hacerse escuchar ni para impedir el abuso.
    Algo que causará más que problemas callejeros, manifestaciones soportadas, alentadas y patrulladas por el gobernador capitalino, Miguel Ángel Mancera, serán las protestas de los campesinos a los que se juega el dedo en la boca informándoles que fue suprimida la palabra expropiación de las leyes energéticas. Pero no se trataba de semántica.
    A cambio los legisladores crearon la figura de uso temporal con los mismos criterios: obligará a la entrega de tierras a la empresa que las reclame cuando sean necesarias para explotación de yacimientos petrolíferos o de gas. Mientras sean ocupadas, se asignará a los propietarios una compensación de 2 por ciento para aceites y 3 por ciento para gases.
    Cuando ya no la necesiten regresará la propiedad a sus dueños originales. Pueden cambiarle correa al perro que seguirá siendo can. No importa cómo lo denominen, los propietarios perderán los derechos sobre sus tierras hasta que queden libres de interés de los nuevos conquistadores.
    En este sentido, corre la declaración de deuda pública a las que arrastran Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sin mayores puntos de referencia que los escuetos comunicados de las cámaras, equivale a asumir de nuevo el rescate de carreteras, bancos, y del resto de instituciones oficiales vandalizadas por quienes las dirigieron y luego entregadas al gobierno para rematarlas al mejor postor.
    En el caso de las dos paraestatales se conoce a los vándalos: los trabajadores sindicalizados que cuentan con salarios, prestaciones y beneficios adjuntos que pueden considerarse obscenos en un país donde como se ha dicho, hay casi 50 millones de muertos de hambre y muchos más que no cuentan con pensión, seguro de desempleo ni algo que les garantice una vejez decente.
    Los laborantes en las paraestatales requieren un máximo de 25 años de empleo para jubilación completa, con fondo de retiro suplementario y otras prestaciones más. Hombres en la flor de la vida son favorecidos, pero a los dos sindicatos no se les tocará por ahora, por lo que seguiremos pagando los mexicanos de a pie los sustanciosos emolumentos y pensiones de los afortunados que lograron en tiempo y forma un contrato con las empresas.
    Esto es en forma sintética la impresión que priva a nivel público.
    Y que hasta ahora parece que el gobierno no ha encontrado la forma de salir al paso, impedir versiones fatalistas y posiblemente desorientadoras.
    La batalla por el petróleo, aunque los perredistas ya anunciaron su maravilloso viaje por todas las Europas para desanimar inversiones en energía, se dará en los medios. Y de los medios dependerá en mucho que la gente se sienta representada en sus intereses.

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