Advierten recorte a estados por ley energética

Las comisiones unidas de Energía y Hacienda de la Cámara de Diputados avalaron en lo general, con 42 votos a favor y 14 en contra, el último dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética donde se establece cómo repartirán los ingresos petroleros y los alcances de los contratos para la extracción del crudo.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Carol Antonio Altamirano (PRD), denunció que durante la madrugada, la Secretaría de Hacienda modificó el porcentaje que la Federación entregará a los estados y esto significará que las entidades y municipios dejarán de recibir aproximadamente 23 mil 600 millones de pesos para 2015.

En comisiones se avalaron modificaciones a las leyes Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal y se crearon las de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo.

El diputado Altamirano acusó que ya de por sí con la iniciativa del Ejecutivo se establecía un porcentaje de 79.73% que se calculaba mermaría para los estados 11 mil 779 millones de pesos, pero en la última modificación se detectó una diferencia de 7.7% (86.39%) y esto tendrá una afectación directa para los estados con la aparición del artículo sexto transitorio.

Ejemplificó que Oaxaca perdería, con la iniciativa del Ejecutivo, 331 millones de pesos, y con la nueva redacción se iría a más de 600 millones; Chiapas, con la iniciativa del Ejecutivo pierde 486 millones y Guerrero, 275 millones de pesos.

“Qué absurdo, las entidades más pobres de México, en vez de recibir apoyo, terminan perdiendo casi 2 mil millones de pesos con el artículo sexto, pero la afectación incluye a todos por igual, de todos los partidos y de todos los niveles de ingreso, porque todos usamos la recaudación federal participable”.

Acusó que en los próximos cuatro años, el gobierno federal se va a quedar con una parte mayor de los ingresos petroleros, precisamente durante el tiempo en que esperan que lleguen los contratos.

“Es inaceptable que como no le salen las cuentas al gobierno y tiene temor de que el recurso de los grandes contratos no llegue, el gobierno federal use a las entidades para protegerse y nos agarre como una salida fácil en la que primero promete no afectar”.

El presidente de la Comisión de Energía, el priísta Marco Antonio Bernal, aseguró que aún hay tiempo para revisar este tema y dijo que si encuentran algún error, se puede modificar la próxima semana en el periodo extraordinario.

En este dictamen se modifica todo el marco legal de Pemex para reducir la carga fiscal y que ya no aporte tanto a las finanzas públicas del país, a fin de que pueda realizar sus propias actividades como un competidor más.

Además, se plantea el nuevo régimen de exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o bien, mediante contratos entre el Estado con particulares o con empresas productivas del Estado.

Se elimina el límite de costo del barril que se le pone a Pemex, que era de 6.50 dólares. También se derogó el cerco fiscal para alentar más inversión, lo que quiere decir que si un particular tiene varios contratos con el Estado y en alguno de ellos registra pérdidas, un contrato de exploración y producción pueda acreditarla contra las ganancias de otro.

En el otorgamiento de contratos, las licitaciones no se otorgarán para el particular que otorgue las mejores regalías, sino para quien haga una mayor inversión a largo plazo en nuestro país.

Se establece en el dictamen un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros, el derecho de explotación de hidrocarburos, es decir, es un derecho que pagarán las empresas por la ocupación que hagan de tierras en los estados en donde se está desarrollando la actividad productiva y que por esta actividad le paguen un derecho a las entidades y a los municipios, reconociendo afectaciones al ambiente y necesidades adicionales de infraestructura.

En la fase de exploración se pagarán mil 500 pesos por cada kilómetro cuadrado y seis mil pesos ya en la fase de extracción, esto es, como un impuesto verde y gris.

Con este aval se concluyó la aprobación de todos los dictámenes energéticos en comisiones de la Cámara Baja y a partir del lunes se debatirán en el pleno de San Lázaro en un periodo extraordinario.