La regidora panista Nadya Edith Rangel Zavala informó que el préstamo por 250 millones de pesos que solicitó la Tesorería municipal de San Luis Potosí al banco Bansefi, está al margen de la autorización del Cabildo para acceder a una línea de crédito autorizada hasta por 300 millones de pesos, dado que el pasado 5 de julio la dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a cargo de Sergio Alejandro Cerda Lara, clasificó los citados empréstitos bancarios como deuda pública.
De no haber sido así, tales créditos aparecerían en la tabla dedicada a los de corto plazo con pagarés quiro-grafarios, detalló y agregó que esos 250 millones de pesos en dos partidas (de 200 y 50 mdp) fueron registrados el mismo día; es decir, el 3 de junio del 2014, y tienen fecha de vencimiento al 29 de septiembre del 2015.
Es decir, explicó, trascienden el año fiscal que la Ley de Deuda Pública señala como requisito para que los préstamos pasen a formar parte de la deuda pública municipal, y por tanto debió pedirse autorización al Congreso del Estado, lo cual no ocurrió.
Comentó además que esos 250 millones fueron tramitados sin el aval del Cabildo y del Congreso, como estipula la ley, y “al amparo de una línea de crédito revolvente que por su naturaleza sólo debe usarse en créditos a corto plazo (menor a un año); “y este crédito –insistió– vence en septiembre de 2015”.
La regidora documentó que con dichos préstamos la deuda total del municipio llegó a 698 millones de pesos, sobrepasando el 20 por ciento con respecto al presupuesto anual, que es el límite marcado por la citada Ley para el endeudamiento.
El presupuesto para 2014, de acuerdo a la última adecuación de mayo pasado, asciende a 2 mil 504 millones de pesos. Por lo cual —remarcó— ya rebasamos por 191 millones de pesos el tope de deuda que permite el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública.
Al respecto anunció que solicitará al Congreso del Estado “en uso de sus atribuciones, revise el estatus legal de la deuda pública del Ayuntamiento”.
Sobre todo, indicó, después de que “en la última sesión de la Comisión de Hacienda el tesorero Juan José Bolaños admitió que se sobrepasó el tope de endeudamiento permitido por la ley”.
“Ese sólo hecho es suficiente no sólo para pedir la renuncia del funcionario, sino sobre todo para que el Congreso tome las medidas pertinentes en estos casos”, afirmó. Dijo también que “ahora queda claro que el señor faltaba a la verdad cuando aseguró que los dos últimos créditos por un total de 250 millones de pesos solicitados por el Ayuntamiento no eran deuda pública”.
