El número de niños en situación de abandono u orfandad, o que están separados de sus padres por cuestiones jurídicas y están en distintos albergues públicos y privados del país, aumentó en el último año.
Datos del DIF nacional a los que accedió un Diario de circulación nacional indican que hasta diciembre de 2013 había 25 mil 700 niños en esa situación, cifra superior a la de 2012, cuando se contabilizaron 17 mil 522 menores en centros de asistencia.
Del total de menores a quienes se les llama “institucionalizados” porque viven en dichos centros, 11 mil 181 están ahí por abandono y por haber sufrido maltrato de parte de sus progenitores.
Este diario también pudo conocer lo que hasta hoy era una incógnita: el número de albergues administrados por los gobiernos y por particulares que existen en México y que, según los archivos de la misma fuente, suman 922. De ellos, 805 son privados y 117 públicos.
El reporte oficial establece que en el último año el gobierno federal destinó 39 millones 912 mil 500 pesos en subsidios para dichos centros, que fueron divididos entre los DIF estatales para que éstos, a su vez, canalicen recursos a las organizaciones civiles que reciben a niños en situación vulnerable.
En un diagnóstico realizado este año, el DIF nacional reconoce que su deber es procurar que los menores no sean “institucionalizados” y que puedan vivir en familia, ya sea propia o adoptada, pero de acuerdo con sus propios datos, el número de niños que han podido ser reintegrados va a la baja.
En 2012, el organismo nacional pudo reintegrar a 145 niños en distintas familias, y en 2013 a 120.
Un tema olvidado
Nashieli Ramírez, coordinadora de Ririki Intervención Social y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que el Estado ha sido omiso al incumplir con su obligación de regular y supervisar la operación de estos centros donde ha dejado a miles de niños bajo su cuidado.
Dijo que la situación que se evidenció a partir del operativo hecho por la Procuraduría General de la República (PGR) en el albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, no es la única, puesto que se estima que siete de cada 10 orfanatos en el país tienen deficiencias y pese a ello siguen operando.
Considera, sin embargo, que también es difícil el papel de las instituciones privadas que reciben a los niños canalizados por los DIF. “¿Cómo sostienes, alimentas, vistes y educas a tantos niños con base en limosnas, chantajes o lo que sea?”, cuestionó la consejera.
Juan Martín Pérez, director general de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, menciona que desde hace 30 años comenzó a enviarse a los niños a albergues sostenidos por organizaciones civiles ante la incapacidad del Estado de hacer frente a una problemática en aumento, que es la niñez víctima de orfandad, maltrato y abusos.
Comenta que no en todos los casos se dan subsidios a los centros de asistencia, pero aun así la responsabilidad de las autoridades es vigilarlos y regularlos.
Mario Luis Fuentes, experto en asistencia social y ex director del DIF nacional, agregó que hay un vacío legislativo, puesto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene facultades para vigilar los albergues privados y exigir que les abran las puertas.
Maltrato institucional
Los especialistas comentan que desde hace 30 años, ante el creciente número de niños en desamparo y la incapacidad presupuestaria y de espacio en los centros de asistencia administrados con capital público, el gobierno federal comenzó a establecer acuerdos de concertación con albergues manejados por asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada a fin de que se hicieran cargo de la manutención y de dar cobijo a esa población.
A cambio, esos centros recibirían un apoyo económico o en especie para realizar su labor.
“El modelo comenzó a resquebrajarse cuando ni los albergues públicos ni los privados cumplieron con el fin principal, que era el de dar sólo una estancia temporal y buscar un hogar para estos niños. Ahora el problema ya creció y ni hay niños reintegrados a familias propias ni sustitutas, y cada vez son más los menores que por desgracia requieren de estos espacios porque se encuentran en situación de abandono”, explicó la investigadora en Asistencia Social Sofía Consuegra, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De cualquier forma, insistió, el Estado tiene una obligación internacional con estos niños, en la cual, dijo, ha fallado.
Se refiere a la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas desde 1959 y la cual establece que en caso de carecer de familia, el Estado tiene la obligación de cuidar de los menores.
El DIF lo reconoce. En su Diagnóstico sobre el programa de fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia señala que “el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han presentado informes y realizado constantes llamados a los Estados para que pongan fin a la institucionalización de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, pues su infancia transcurre en albergues y casas hogar, en un sinnúmero de veces en condiciones de riesgo y vulneración de sus derechos humanos”.
Evoca, además, al llamado maltrato institucional, el cual define como la omisión o negligencia de los poderes públicos derivada de un acto de abuso, en detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o cualquier otro que viole los derechos del niño.
El propio organismo dibuja un panorama alarmante al decir que “cifras no confirmadas” refieren que más de 400 mil niños y adolescentes mexicanos carecen de cuidados parentales. De ellos, poco menos de 30 mil están en instituciones residenciales, “de los demás, nada se sabe”.
Sus estadísticas refieren que en 2011 había 18 mil 218 menores en centros públicos y privados; en 2012 disminuyó a 17 mil 522, y en 2013 hubo un aumento, pues se registraron 25 mil 700: 12 mil 869 niñas y 12 mil 831 niños.
De ese total, 6 mil 341 están en albergues por una situación de abandono; 4 mil 841 por haber sufrido maltrato; 199 por orfandad; 99 por crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33 por otras situaciones como ingreso voluntario, por disposición del Ministerio Público o por tráfico de menores.
Ante este panorama, el DIF nacional se propuso fortalecer esta área de protección a través de una estrategia que incluye la investigación, intervención, seguimiento social, detección de niveles de riesgo, orientación familiar, canalización a servicios especializados, atención sicológica e intervención legal.
Aseguró que la finalidad es fortalecer los vínculos interinstitucionales y establecer proyectos que permitan lograr la preservación y reunificación familiar en beneficio de la infancia mexicana.
Según su Programa anual de trabajo 2014, el organismo se propone como estrategias mantener actualizada la relación de albergues públicos y privados, crear una base de datos de niños institucionalizados, identificar la problemática que motivó el ingreso para atender sus necesidades de manera específica y conformar otra base de datos relacionada con el maltrato infantil para integrar una estadística nacional y elaborar políticas públicas que contribuyan a su combate.
“La Gran Familia”, sólo un caso
Los especialistas consideran que lo ocurrido en el albergue La Gran Familia es una oportunidad para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad, haga frente a la problemática de la niñez que se encuentra en esta situación y establezca mecanismos de regulación y control sobre los centros de asistencia, ya sea públicos o privados.
Juan Martín Pérez, director de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, señala que las normas oficiales que rigen actualmente estos centros también deben reforzarse, pues todas se enfocan más a los aspectos físicos y de operación técnica, en lugar de vigilar las acciones de tipo pedagógico.
El ex director del DIF nacional en el periodo 1994-1999, Mario Luis Fuentes, consideró que los esfuerzos en materia de asistencia social están desarticulados “y esta es una alerta para que dotemos a las instituciones de los instrumentos que les permitan cumplir con su obligación, porque lo que vimos en Michoacán trascendió por tratarse de una institución grande, pero, ¿qué pasará en las localidades más pequeñas donde quizá haya muy buena voluntad, pero no los recursos suficientes?”.
Nashieli Ramírez, fundadora de Ririki Intervención Social, dijo que el Estado también debe cambiar el enfoque respecto a cómo visualiza a la infancia, pues suele responsabilizar a los padres de familia de ciertas conductas como el bullying sin detenerse a pensar en qué ha hecho mal como autoridad para que ocurran esos actos y corregir el camino.
La experta señaló que la situación para los niños institucionalizados resulta muy complicada porque “no sólo están huérfanos de padres, sino también del Estado”.