Trenazo de Galicia, en el misterio

Galicia celebra hoy el primer aniversario de una de sus mayores tragedias.

El 24 de julio de 2013, 80 personas perdieron la vida, entre ellas la estudiante veracruzana de 22 años Yolanda Delfín Ortega, y 145 resultaron heridas, en el peor accidente de tren ocurrido en España en los últimos 50 años. Aquella jornada, previa al Día de Santiago, patrón de la localidad de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste de España) y Día de Galicia, un tren de viajeros de alta velocidad de la compañía nacional española Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) que cubría la línea Madrid-Ferrol, descarriló en la curva «A Grandeira», apenas a tres kilómetros de Santiago de Compostela, cuando circulaba a 179 kilómetros en un tramo donde la velocidad límite era de 80.

El accidente conmocionó al país y los festejos populares se convirtieron en un auxilio colectivo a los familiares y a las víctimas, muchas de las cuales acudían de vacaciones a Galicia a celebrar las fiestas patronales. Como consecuencia del descarrilamiento los ocho vagones se salieron de las vías y uno de ellos acabó hecho un amasijo de hierros.

Un año después, todavía no se sabe lo que pasó. Los culpables no han sido juzgados ni condenados. Lo único que las dos cajas negras del tren han confirmado es que en el momento del accidente el maquinista, Francisco José Garzón, de 52 años y con más de 30 años de experiencia, iba hablando por teléfono con el interventor del tren, que el tren iba más deprisa de la velocidad permitida, que pese a ser de alta velocidad no tenía implantado un sistema de frenos ERTMS que es el más seguro de control de velocidad y que hubiera evitado el accidente, y que la señalización de la curva no era la adecuada. Lo demás son incógnitas.

Tras las primeras investigaciones, el juez Luis Alaéz imputó al maquinista por 79 delitos de homicidio y un montón de delitos de lesiones por imprudencia profesional, pero también imputó por imprudencia a 27 técnicos y altos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria) argumentando que primaron los logros comerciales a la seguridad. Empero, la Audiencia de La Coruña retiró la acusación argumentando que «era prematura» a la espera de una «investigación exhaustiva».

La investigación judicial está en fase de instrucción a falta de que se concluyan las investigaciones, comience el juicio y se haga pública la verdad.

Hoy, la Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155 se concentrará en silencio en Angrais, donde después de una misa previa en la Catedral de Santiago de Compostela, y con las vías de fondo entregarán una placa de agradecimiento a los colectivos que los auxiliaron y depositarán 80 rosas blancas en recuerdo a los fallecidos. Será una celebración íntima.

Pero los familiares de las víctimas no quieren homenajes, quieren la verdad. Por eso se negaron a asistir al acto de entrega de la Medalla de Galicia.

Sólo el 39% de los sobrevivientes han cobrado las indemnizaciones que les corresponden. Muchos aún se recuperan de sus lesiones o se han quedado con lesiones de por vida. Otros no han podido subirse a un tren desde entonces, y otros tienen pesadillas, y sueñan con cadáveres a su alrededor.