El gobierno de Estados Unidos rechazó hoy reformar la ley que impide la deportación inmediata de menores indocumentados como condición para que los republicanos en el Congreso autoricen recursos para enfrentar la crisis migratoria.
«Nuestra posición es que tener más flexibilidad (en los procesos de deportación) ayudará a enfrentar esta situación, pero (cambiar la ley) no debe ser un requisito para pasar la legislación dándonos los recursos que necesitamos», dijo un alto funcionario del gobierno.
Al hablar con reporteros bajo la condición de anonimato, el funcionario insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la asignación de estos recursos antes del receso de agosto, debido a los recursos limitados que el gobierno tiene para responder a la situación.
Obama presentó una solicitud para una partida presupuestal suplementaria de emergencia por tres mil 700 millones de dólares que se destinarían entre otros a la apertura de más albergues, la contratación de más jueces de migración, más funcionarios para revisar peticiones de asilo, entre otras acciones.
Los republicanos dejaron en claro que no aprobarán estos recursos a menos que haya cambios en la Ley de Prevención de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPA), que han señalado como el principal incentivo de esta nueva ola migratoria.
Por su parte, el líder republicano John Boehner señaló en rueda de prensa que es «una situación que ha sido provocada por el propio presidente, y él dice que quiere resolver este problema, y nosotros queremos detener este flujo, pero él quiere cambiar de parecer».
Boehner dijo que Obama «está ausente sin declararlo de manera oficial, y el presidente tiene que involucrarse en esto si realmente quiere que algo pase» .
El funcionario de la Casa Blanca reiteró que el gobierno está comprometido en respetar el debido proceso para los menores centroamericanos.
Explicó que bajo la ley TVPA de 2008, estos menores son enviados a albergues tras su detención y después puestos bajo custodia de familias en Estados Unidos o guardianes legales en espera de su audiencia de deportación.
«El debido proceso para cada persona seguirá en pie, y estaremos examinando de una manera cuidadosa (los casos de) aquellas personas que calificarían para un tipo de protección humanitaria, y aquellos que no califiquen de acuerdo con nuestras leyes, serán regresados a sus países de origen» , dijo.
Sobre el encuentro que Obama sostendrá mañana viernes con los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, otro funcionario estadunidense lo caracterizó como una continuación de las conversaciones que tanto el vicepresidente Joe Biden como el secretario de Estado, John Kerry, han sostenido con estos gobernantes.
«Estaremos hablando sobre qué podemos hacer para desarticular estas redes de traficantes de personas y qué podemos hacer en un espíritu de trabajo compartido, de responsabilidad compartida», apuntó.