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    Legisladores vulneraron derechos de burócratas, se queja Reséndiz

    By on 24 julio, 2014

     

    Francisca Reséndiz Lara, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado, calificó como depredadora de los derechos de los trabajadores la acción de los legisladores locales integrados a las comisiones de Hacienda, Desarrollo Territorial Sustentable y de Gobernación al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Código Fiscal de San Luis Potosí.

    En conferencia de prensa, Reséndiz criticó la reforma al artículo 47 del Código Fiscal con las que se pretende romper el principio de bilateralidad en las negociaciones salariales, con lo que reduce a los trabajadores a una figura de convidados de piedra y se afecta sus derechos escalafonarios.

    Los legisladores, dijo, introdujeron en la Ley del Registro Público de la Propiedad y en la Ley de Catastro, modificaciones dañan la economía y la seguridad patrimonial de los trabajadores, al derogarse los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

    Y es que en virtud de estas modificaciones, los trabajadores del Estado no estarían más considerados en el apartado B del artículo 123 Constitucional, sino por el apartado A, cambiando su régimen jurídico. Tratándolos como si fueran asalariados del sector privado.

    Reséndiz Lara indicó que las modificaciones por las que se pretende cambiar del apartado B al A a los trabajadores del sector público, consideran un cuarto artículo transitorio, con el que se pretende, según los diputados, proteger a los trabajadores de base sindicalizable, dejando al margen de ese beneficio a quienes se rigen por contratos de honorarios y a los que tienen contratos temporales, sin considerar los procesos escalafonarios, ni el que importe el que muchos de ellos tengan, incluso décadas, prestando sus servicios a las instituciones públicas.

    Todavía más, destacó la secretaria general del SITTGE, todas estas modificaciones ocurrieron en el marco del traslado de la sede del Congreso del Estado, de San Luis Potosí a Ciudad Valles, sin que estuvieran agendadas en la orden del día, por lo que se deduce que estas fueron aprobadas con el desconocimiento de la mayoría de los legisladores, como consta en las actas de las sesiones ordinarias 56 y 57 y en los diálogos sostenidos por los diputados con la dirigencia del SITTGE.

    La lideresa sindical informó que once legisladores aceptaron la necesidad de revisar el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Administración Pública por la que se da la pretendida traslación de los trabajadores al apartado A, a fin de corregir y evitar los daños a los derechos de los trabajadores y, con ello, incurrir en un escenario de inconstitucionalidad.

    Los diputados que votaron a favor de la afectación a los trabajadores, y señalados por el SITTGE, son: Marianela Villanueva (Verde Ecologista), Juan José Jover (Partido del Trabajo); Jaén Castilla (Nueva Alianza), José Francisco Martínez (Revolución Democrática); Rosa María Huerta (PRI); José Alejandro Vera (Conciencia Popular); Juan Daniel González (Verde Ecologista); Miguel Maza (Acción Nacional); Martín Álvarez (Verde Ecologista); Juan Pablo Escobar (Acción Nacional), Rubén Guahardo Barrera (Acción Nacional).

    También fueron señalados por l9o anterior, los diputados Luis Enrique Acosta, Delia Guerrero, Fernando Pérez Espinosa, Federico Ángel Badillo, José Eduardo Chávez, Ramón Guardiola, Juan Manuel Segovia y Ruth Tiscareño, todos militantes del PRI; Jorge Aurelio Álvarez, Alfonso Díaz de León y Christiab Sánchez, del Verde Ecologista y Crisógono Sánchez Lara, de Nueva Alianza.

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