El regidor Jalil Chalita Zarur urgió a las autoridades estatales y federales a hacer un esfuerzo superior para garantizar el acceso a los jóvenes a una educación universitaria de calidad que les garantice mejores condiciones de vida.
“Las universidades públicas deben pedir acciones gubernamentales para hacer más digna la vida de los jóvenes, para darles expectativas, opciones de vida, alejarlos del delito y educarlos en valores cívicos y laicos”, dijo.
El político describió como “una tragedia” la existencia de cerca de 7 millones 200 mil jóvenes entre 15 y 25 años que no estudian y tampoco trabajan y un numeroso grupo de adultos con edades entre 29 y 39 años que no encuentran empleo.
“Son todos ellos los que deberían estar integrados al mundo laboral o estudiando una especialidad o posgrado para contribuir al desarrollo del estado y del país mediante sus servicios profesionales, la docencia, la investigación o la innovación”, enfatizó.
Lamentó que la mayoría de los muchachos desocupados sean mujeres, pues éstas deberían tener las mismas oportunidades que sus pares varones.
“Está bien que ayuden en su casa y a sus familias, pero sería más provechoso que estén estudiando y que sigan preparándose o se integren al mercado laboral con una mejor preparación”, dijo.
Condenó que el país no les está dando las opciones de vida a más de medio millón de adolescentes analfabetos, ni a los cerca de 10 millones que no terminaron primaria o los 26 millones de jóvenes que no terminan la secundaria en la república mexicana.
Dijo que México tiene serias condiciones de rezago y abandono escolar que se reflejan en los 50 de cada 100 que terminan la educación básica, en la mitad de estos que concluye su instrucción media superior, los 21 que egresan de una carrera universitaria y los 13 que logran titularse.
Chalita Zarur expresó su preocupación por lo que consideró la liberalización del comercio en materia de educación superior.
Indicó que junto con la proliferación de servicios educativos privados, “también ha llegado a nuestro estado la actividad educativa en la que predominan los criterios propios del mercado”.
“Es indispensable resistir y rechazar esta fórmula, llena de trampas y equivocaciones, que sólo acentuará nuestras dificultades”, enfatizó.
Afirmó que “el mercado no debe regular el diseño, la organización o la prestación de servicios de educación en nuestras sociedades”, pues “son los Estados nacionales los responsables de cubrir este papel”, y que además deben hacerlo “con visión estratégica y de futuro”.
