Tras la estampida en un baile de Ecatepec que ocasionó tres muertos, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para crear la ley de eventos públicos del Estado de México, con la que se pretende contar con disposiciones más estrictas que garanticen la seguridad de los asistentes a espectáculos masivos, como los bailes o conciertos.
“Si bien hay normas que regulan estas actividades, la nueva ley será mucho más estricta. Las facultades relacionadas con estos eventos se mantendrán en los ayuntamientos, en los presidentes municipales; está en sus manos, en las manos de todos, la seguridad de miles de personas”, dijo el gobernador.
La tragedia ocurrida la madrugada del 6 de julio en el predio 30-30 de Ecatepec puso bajo lupa la forma en se otorgan permisos para la realización de bailes o conciertos.
Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso mexiquense reconoció que al año se realizan miles de bailes populares. Sin embargo, nadie sabe con certeza cuántos son, porque no existe un padrón de otorgamiento de permisos.
Aceptó que hay corrupción en ese tipo de eventos e incluso evidenció que son un gran negocio, cuya derrama económica oficial para el municipio no corresponde con las ganancias que realmente se obtienen los organizadores.
“Sin duda hay corrupción, un ejemplo es el baile de La Arrolladora: entraron alrededor de 50 mil personas, el boleto tuvo un precio de 200 pesos, son 10 millones de pesos y a la administración municipal pagaron un derecho de 75 mil pesos. No existe comparación entre la utilidad que deja el baile frente a los derechos que pagan al municipio”, explicó el legislador.
La síndico procuradora de Ecatepec, Diana Méndez Aguilar, reconoció que a los miembros del cuerpo edilicio no se les presenta un informe financiero de los ingresos que se reciben por la autorización de permisos.
Autoridades municipales consultadas, que pidieron el anonimato por temor a represalias, aceptaron que existe complicidad entre empresarios y autoridades, y que ningún baile se autoriza sin que el presidente municipal esté enterado.
Establecerán requisitos
Eruviel Ávila aclaró que en la propuesta que espera sea aprobada por el Congreso local se delimitará la competencia de las autoridades estatales y municipales en materia de protección civil.
Además, el proyecto de ley establecerá todos los requisitos para la expedición de autorizaciones, permisos o licencias que deberán cumplir los responsables de organizar bailes o conciertos.
Indicará que la Coordinación Estatal de Protección Civil avalará eventos públicos con duración mayor a dos días, o con un aforo de más de 2 mil 500 asistentes.
Los ayuntamientos otorgarán los permisos para eventos públicos considerados de bajo riesgo, conforme al listado de generadores del Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, como los relacionados con promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuenten o no con instalaciones para su presentación.
Los responsables del evento tendrán que remitir al ayuntamiento o a la coordinación estatal el programa del espectáculo, con 10 días hábiles de anticipación.
Deberá contarse con los servicios necesarios para garantizar el orden, seguridad e integridad de los asistentes, y establecer facilidades para el acceso y desplazamiento de discapacitados.
En caso de que el evento sea temporalmente suspendido, deberán informar la fecha, horario y lugar de su reanudación; en el supuesto de ser cancelados, tendrán un plazo de 48 horas para devolver el importe de las entradas.
Durante el evento, los presentes serán informados sobre las medidas de seguridad. Cuando se pretenda vender alcohol, deberá contarse con el Dictamen de Factibilidad Sanitario, emitido por la Secretaría de Salud.
Los ayuntamientos o la Coordinación Estatal de Protección Civil podrán suspender la realización de eventos públicos, en caso de que no se respete el aforo establecido en el permiso.