El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a dos magistrados —suspendidos y sin goce de sueldo— por probable enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y actuación indebida la integración y resolución de juicios de amparo.
Se trata de los magistrados suspendidos Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa,quienes juntos obtuvieron —en ocho años— ingresos irregulares por alrededor de 26 millones de pesos (25, 838,148); incluso, utilizaron como prestanombres a sus familiares para evitar ser detectados.
Según un comunicado del CJF, las conductas irregulares de Luna Altamirano pueden representar un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a operaciones inmobiliarias, mientras que el segundo es acusado, principalmente, por obtener recursos presuntamente del sector metalero.
Después de dos años de investigación administrativa, Luna Altamirano fue denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos en la tramitación y resolución de 12 expedientes penales y juicios de amparo en su paso por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
En sus cuentas bancarias y las de sus familiares directos y en tercer grado se reportaron ingresos irregulares por 13 millones 145 mil 423 pesos; además se detectaron 127 operaciones bancarias por un monto de 633 mil 981 dólares.
Luna Altamirano tiene varios fallos polémicos en su trayectoria no sólo relacionados con el narcotráfico, como fue en 2008 la absolución de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, del delito de lavado de dinero o fallar a favor de Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada. También exoneró del delito de genocidio al expresidente Luis Echeverría y concedió a España la extradición del argentino Ricardo Miguel Cavallo.
Pero la investigación en su contra está vinculada a beneficiar a personas para que puedan adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus ganancias y dándoles la apariencia de licitud.
La investigación en contra de Luna Altamirano, llevada a cabo por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, abarcó los ámbitos bancario, fiscal, de registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales. Y se encontró que es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012.
Existen movimientos por depósitos y abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los dos millones 705 mil 852 pesos.
Se detectó una cuenta a su nombre por ocho millones 469 mil 131 pesos, la cual reportó movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación.
En el análisis de los registros bancarios de sus familiares y personas relacionadas con el servidor público (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer 61% de ellos.
Por otro lado, en la verificación de su evolución patrimonial, respectiva al año 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad ubicada en la delegación Coyoacán, con valor de cuatro millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas. Sin embargo, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como “Cero”, así como tampoco en el respectivo al valor catastral o comercial.
Otro caso
Las cuentas bancarias del magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por hechos cometidos cuando estaba adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, suman ingresos por 11 millones 692 mil 725 pesos y se advirtió que en una cuenta registrada a su nombre se realizaron depósitos y abonos por 50 mil 449 dólares.
El CJF presentó la denuncia de hechos ante la PGR contra Figueroa Cacho, por haber incurrido en probables conductas delictivas con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas en Jalisco.
En el desglose, se encontró que recibió a su nombre tres cheques por diversas cantidades que suman un millón 792 mil 250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro.
El 1 de octubre de 2012, Figueroa recibió, a través de endoso en propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por 855 mil 652 pesos y que fueron librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos. Por lo que hace al análisis de los estados de cuenta del mencionado, proporcionados por las instancias competentes, se identificaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
En el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos y abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto de seis millones 175 mil 618 pesos.
Al respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2007 a 2010.