El próximo miércoles en Sesión Extraordinaria del Congreso del Estado se someterá a votación una iniciativa que busca garantizar el derecho a una educación superior a las personas con discapacidad. la cual fue presentada por el diputado Alejandro Lozano González.
El legislador señaló que es necesario reconocer el derecho de las personas con discapacidad, pero además que las autoridades educativas coordinen esfuerzos para homogenizar las medidas que permitan la accesibilidad y eviten la discriminación.
La iniciativa promueve adicionar párrafo al artículo 38, de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí; y adicionar fracción al artículo 13, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
De ser aprobada por el Pleno del Congreso se establecerá en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí que: La educación superior que se imparta en el Estado será incluyente, y garantizará que las personas con discapacidad cuenten con oportunidades de desarrollo profesional, a través de políticas de accesibilidad, ajustes razonables, programas de capacitación del personal de las instituciones de educación superior y no discriminación.
En tanto que en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí quedará determinado que la Secretaria de Educación debe coordinar reuniones semestrales con todos los directivos de las instituciones de educación superior con la finalidad de intercambiar políticas, programas, experiencias y aprendizajes que favorezcan la inclusión plena en el proceso formativo de las personas con discapacidad, para homogenizar las medidas de accesibilidad.
Además contempla que la Secretaría deberá capacitar por sí o a través de alguna otra institución especializada, al personal directivo, administrativo, y docente que en las instituciones de educación superior se encargue de la atención de las personas con discapacidad.
En todas las instituciones de educación superior deberá haber por lo menos una persona capacitada, responsable de atender a las personas con discapacidad y de hacer del conocimiento de sus superiores las necesidades institucionales para cumplir con lo dispuesto en esta Ley.