La arquidiócesis de San Luis Potosí está obligada a colaborar con la Procuraduría General de Justicia en el Estado, mediante la entrega de información que sería requerida para integrar la averiguación sobre el ex sacerdote Eduardo Córdova, pues de lo contrario se estaría protegiendo al religioso.
Lo anterior lo advirtió el diputado Jaén Castilla Jongui-tud, secretario de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, quien señaló que en todo caso la Procuraduría General de Justicia tiene las herramientas para obligar a la Iglesia a entregar los expedientes que vinculan al religioso, en torno a los casos de abuso sexual de varios menores de edad.
“Eduardo Córdova deberá ser sometido a la aplicación de la justicia fuera de ideologías religiosas, pues en San Luis Potosí no debe haber impunidad para nadie; y mucho menos para quienes dañaron a menores de edad con sus actos reprobables”, dijo el legislador por el PANAL.
