Nuestra historia es, como la de casi todos los pueblos, una narración relativa a cómo los poderosos han abusado consistentemente de los oprimidos: es difícil encontrar un periodo en el que pueda hablarse de bonanza y bienestar, desde una perspectiva de justicia social.
Nunca hemos logrado abatir la pobreza; y mucho menos hemos sido capaces de actuar, a manera de cultura y modelo de organización social, con base en la inclusión social, en y la aceptación sin cortapisas ni condiciones de quienes viven de manera distinta a la de las mayorías o a lo considerado mayoritariamente como “estado de normalidad”.
Alejandro Von Humboldt señalaba sobre nuestro país: “en ninguna parte existe una desigualdad más espantosa en la distribución de la fortuna, de la civilización”. Para este sabio, de manera resumida, México era “el país de la desigualdad”. Siglos después, la misma frase puede repetirse, a manera de mantra, para describir los procesos históricos que han ocurrido desde entonces.
Si algo motivó a la Revolución Mexicana fue no sólo el hartazgo ante el hambre, la enfermedad y el abuso autoritario del poder; fue también el oprobio causado por el dispendio y los excesos de las haciendas, de los “afrancesados” de Palacio Nacional y de prácticamente todos los gobernadores, quienes actuaban a manera de virreyes al servicio de don Porfirio.
El siglo XX no fue distinto. El proceso de concentración de la riqueza se mantuvo inamovible; de tal forma que al cierre de la centuria, se estimaba que la riqueza nacional le pertenecía, en más del 50%, a 300 de las familias más poderosas en el territorio nacional.
En lo que va del siglo XXI, el proceso concentrador no se ha modificado; los datos oficiales nos muestran cómo en las crisis, los únicos que no pierden son los súper ricos; que las clases medias están devastadas; que los pobres siguen padeciendo toda clase de injusticias, y que no hay en el horizonte reformas visibles dirigidas a atemperar la desigualdad.
Las políticas económicas y sociales no van a ser jamás suficientes. Por ejemplo, si de un momento a otro se decidiera desde el Estado asumir como metafundamental abatir la pobreza, aun en el supuesto heroico de que esto se lograse, podríamos seguir siendo profundamente inequitativos y desiguales.
El investigador emérito del SIN, Fernando Cortés, ha demostrado que la pobreza puede reducirse más rápido, si se avanza decididamente en el combate a la desigualdad. Esto ya ha ocurrido. Pasó en Chile durante el mandato del Presidente Allende, en el cual el coeficiente de Gini se ubicó en alrededor del .200, un dato no visto desde su artero asesinato en toda la región.
Abatir la desigualdad no es una tarea sencilla; requiere de un pacto social renovado, en el cual quienes más tienen puedan aceptar que las disparidades en que vivimos no son éticamente sostenibles; que su persistencia se logra gracias a la expoliación y la infelicidad de la mayoría; y que no hay nada que justifique que una sola persona posea más riqueza que los 15 países más pobres del continente.
La justicia social y el acceso universal al cumplimiento y garantía de los derechos humanos implica como supuesto un modelo de bienestar para la igualdad y la solidaridad entre todas las personas. Un modelo así exige recuperar el valor de la Fraternidad, como eje de articulación de todas las decisiones del Estado, porque en ello nos va la posibilidad de construir una civilización digna de ser vivida para todas y todos.
Un país apropiado para la niñez; en el que mujeres y hombres seamos tratados con equidad; en el que nadie muera por enfermedades prevenibles y curables; en el que nadie padezca hambre ni carencias; en el que la justicia se procure e imparta con rectitud; sin duda es un país deseable, pero sobre todo posible. Lamentablemente, un país así no es el nuestro, y por ello debemos actuar con urgencia para construirlo.
El enigma de Jerusalén
Existen regiones del planeta donde cualquier chispa enciende una guerra. Es el caso de Oriente Medio, una región cuyas fronteras fueron establecidas por los ingleses y los franceses al concluir la Primera Guerra Mundial, y donde en las últimas semanas tres jóvenes israelíes fueron secuestrados y asesinados, posteriormente un adolescente palestino fue quemado vivo, desatando una nueva confrontación entre ambos pueblos. Se ha desplegado un ataque israelí como respuesta al lanzamiento de misiles contra Tel Aviv y Jerusalén.
La ofensiva militar se dirige contra la Franja de Gaza, un territorio de 360 kilómetros cuadrados en el que viven 1.5 millones de palestinos y que controla el Movimiento de Resistencia Islámico Hamas. “No negociaremos”, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, al tiempo que la organización islámica anuncia “desde este momento todos los israelíes son objetivos legítimos”. Las mutuas intolerancias proyectan viejos conflictos religiosos, étnicos y políticos que mortifican los débiles esfuerzos por la paz.
El efecto inmediato de las hostilidades ha sido la suspensión de las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, así como el final de las esperanzas que generó la reciente visita del Papa a Tierra Santa, con la sucesiva convocatoria a los presidentes Shimon Peres y Mahmud Abás para rezar conjuntamente en los jardines vaticanos.
