Un funcionario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) compareció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por el caso del edificio que adquirió el organismo a un sobreprecio, mientras que otro no se presentó.
Estas comparecencias no tuvieron nada que ver con la denuncia que interpuso el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) el miércoles contra funcionarios y consejeros electorales, sino con la que presentó en 2013 el órgano electoral por fallas estructurales contra el ingeniero Juan Aldasoro Robles, quien remodeló el inmueble.
Los consejeros electorales han dicho que por esas fallas en la estructura el inmueble no se puede ocupar.
El inmueble destinado a ser la nueva sede se compró en 2011 en 32 millones de pesos, cuando avalúos determinaron que su precio real era de unos 17 millones de pesos, por lo que se le causó un daño patrimonial al IEPCT de 15 millones.
El titular de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral (DOCE), Rigoberto de la O Gallegos, compareció por alrededor de una hora ante el Ministerio Público, y al término del encuentro rechazó tener alguna responsabilidad en la compra del inmueble.
«No tengo miedo de nada, fui solicitado como testigo», dijo brevemente a su salida de la procuraduría, y añadió que no tuvo nada que ver en la compra, pues «mi función es totalmente electoral operativa».
El secretario ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado Acosta, también estaba citado a comparecer, sin embargo no se presentó.
La DOCE forma junto con presidencia, Secretaría Ejecutiva, y Dirección de Administración la Junta Estatal Ejecutiva, órgano administrativo del IEPCT.