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    Obispos de 5 países buscarán erradicar migración infantil

    By on 10 julio, 2014

     

    Los obispos de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, firmaron una declaración a través de la cual se comprometen a erradicar las causas estructurales que provocan la migración irregular de menores de edad, para lo cual convocaron a los diferentes sectores de la sociedad, como a empresarios, gobierno, maestros y padres de familia a trabajar en conjunto.

    Establecieron, hacerlo, entre otras cosas, con la aplicación de programas de desarrollo social y económico en las comunidades de origen, así como de reinserción y reintegración para los que retornan.

    Con la premisa de que reconocen que algunos de estos niños y adolescentes migrantes podrían obtener la condición de refugiado o protección complementaria, los obispos de los dos países, se considera positivo que México haya implementado la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y la creación de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo para facilitar la internación segura de personas y bienes, y evitar los problemas originados por el desorden migratorio en la zona.

    De acuerdo con la información dada a conocer por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la representación de la Iglesia en los países referidos, se manifiestan “profundamente conmovidos por el sufrimiento de miles de niños, niñas y adolescentes que han migrado desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos y que ahora se encuentran detenidos en espera de ser deportados”.

    “Estos niños salieron de sus países empujados por la miseria, la violencia o el deseo de reunirse con sus padres o algunos de sus familiares que ya han migrado, y ahora, luego de enfrentar toda clase de privaciones y peligros, viven una terrible crisis humanitaria”. ​

    “Esta dramática situación nos afecta a todos y ha de comprometernos a ​globalizar la solidaridad, reconociendo, respetando, promoviendo y defendiendo la vida, dignidad y derechos de toda persona, independientemente de su condición migratoria”.

    Los obispos de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras expusieron que es urgente respetar la dignidad humana de los migrantes indocumentados, así como fortalecer las instituciones gubernamentales para que sean auténticamente democráticas, participativas y al servicio del pueblo.

    Plantean combatir con firmeza la reprobable actividad de los grupos delictivos y del crimen organizado, cuya inhumana acción condenamos enérgicamente, al tiempo de garantizar la seguridad de los ciudadanos e invertir en Centroamérica.

    Hicieron un llamado a los empresarios, especialmente católicos, a que inviertan y contribuyan a promover la justicia y la equidad. “Exhortamos a los padres de familia a no exponer a sus hijos a emprender el peligroso viaje hacia México y Estados Unidos. Y pedimos a la sociedad en general asumir el papel que le corresponde en este doloroso problema”.

    Coincidieron en la propuesta de países de Centroamérica de implementar medidas integrales y articuladas para garantizar el interés superior del niño y adolescente, así como la unidad familiar.

    Con ello, difundir información precisa respecto a los “peligros del viaje” y la inexistencia de “permisos” para los que llegan a los Estados Unidos, así como luchar contra los grupos delictivos organizados de tráfico ilícito y de trata de personas y mejorar las prácticas migratorias.

    “La Iglesia Católica, que desde hace muchos años viene haciendo gestiones ante las autoridades gubernamentales de Estados Unidos, México y Centroamérica en favor de los migrantes, continuará esta labor.

    Sostiene que seguirá trabajando en la promoción humana, particularmente de los niños, de las familias y de los más pobres, en la restauración del tejido social y brindando acogida, atención y servicios a los migrantes en sus numerosos centros creados para ellos.

    La Iglesia expresa su disponibilidad para colaborar a fin de hacer realidad los acuerdos de la Declaración de Managua, convencida de que una estrategia de disuasión sin garantías de protección nacional e internacional es inefectiva e inhumana.

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