El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas y el Congreso del Estado, a través del presidente de la Comisión de Justicia, instalaron formalmente la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas, en un acto celebrado esta mañana en la sala Gómez Morín, en donde coincidieron en señalar que las acciones que se realizan son de prevención, ya que en el estado no se vive un clima de agresión a periodistas.
Ochoa Rojas reconoció el interés de la LX Legislatura para integrar está comisión y coadyuvar en el trabajo que el Gobierno del Estado viene realizando, a través del Comité Estatal de Protección a Periodistas, instalado desde el pasado 24 de febrero del presente año.
Informó que hasta el momento se han atendido por parte de las autoridades 5 averiguaciones relacionadas con actos en contra de periodistas; se ha ejercitado acción penal en uno de estos casos y se atienden 4 de ellos; anunciando además la elaboración del reglamento de esté comité desde el pasado 2 de mayo.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Eugenio Govea Arcos, reconoció que en San Luis Potosí están actuando de manera preventiva, ya que, aseguró, no se vive un clima de hostigamiento o agresión en contra de los representantes de los medios de comunicación.
Indicó que hay excepciones que están siendo investigadas por la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Al instalar formalmente la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas, Govea Arcos hizo un llamado a los trabajadores de los medios de comunicación para que aprovechen los canales adicionales que se están abriendo y la coordinación que hay entre el Gobierno del Estado y el Congreso para tratar este tema que permita garantizar la libertad de información.
Estuvieron presentes durante el acto: Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho de la UASLP; Joel Melgar Arredondo, secretario de Seguridad Pública; el procurador general de justicia, Miguel Ángel García Covarrubias, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo.