Una corte federal de apelaciones frenó hoy la política de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de negar licencias de conducir a jóvenes indocumentados que han obtenido permisos de trabajo bajo el programa de acción diferida del presidente Barack Obama.
La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, rechazó los argumentos de la gobernadora Jan Brewer de que ella tenía el derecho a emitir una orden ejecutiva para negar licencias a los jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers» .
La Corte de Apelaciones ordenó al juez federal David Campbell, quien había rechazado inicialmente poner alto a la medida de la gobernadora, instruir al Departamento de Transporte de Arizona para proporcionar licencias de conducir a los indocumentados bajo el programa de acción diferida.
El programa de acción diferida del presidente Barack Obama, emitido bajo orden ejecutiva en 2012, permite a algunos jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años.
Bajo las leyes de Arizona cualquier persona con estatus migratorio legal puede obtener una licencia de conducir.
Sin embargo, Brewer ordenó no emitir licencias de conducir a los jóvenes indocumentados beneficiados por el programa de acción diferida, dado que no se cree que éstos podrán luego permanecer en el país legalmente.
En el fallo de este lunes, emitido por decisión unánime de un panel de tres jueces, se señala que la evidencia presentada demuestra que los jóvenes indocumentados beneficiados por el programa de acción diferida son propensos a tener éxito en última instancia.
El fallo, empero, no significa que los jóvenes indocumentados podrán quedarse con sus licencias de conducir. Ese asunto será determinado después en un juicio por todo el pleno de la corte de apelaciones.
Aun así, el dictamen significa una victoria para los defensores de derechos de los inmigrantes que argumentaron que los jóvenes inmigrantes indocumentados fueron dañados por un trato desigual por parte de Arizona.
La decisión se desprende de la apelación interpuesta en junio del año pasado por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México Americano (Maldef) .
Ambas agrupaciones argumentaron que la orden de la gobernadora Brewer era inconstitucional porque significaba un trato desigual y provocaba un daño, y la corte de apelaciones estuvo de acuerdo en esta cuestión.
La «Dream Action Coalition» , que agrupa a organizaciones de jóvenes beneficiados por el programa de acción diferida, celebró el dictamen de la Corte Federal de Apelaciones al señalar que el tribunal «demostró que la política no se interpondrá en el camino de la ley y la justicia+».