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    Proponen modernizar procedimientos para adquisiciones y arrendamientos

    By on 6 julio, 2014

     

    A fin de que todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran contratar las diferentes instancias de gobierno se lleven a cabo en forma racional, eficaz y oportuna mediante procedimientos ágiles y expeditos que garanticen a toda persona la honestidad y transparencia en cada una de las operaciones que se realicen, el diputado Ramón Guardiola Martínez presentó la iniciativa para una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de San Luis Potosí.
    Esta iniciativa de ley propone la modernización y sistematización normativa en esta materia, en la búsqueda de su eficiencia y eficacia.
    En esta propuesta se da énfasis a la transparencia, a la simplificación administrativa y a un equilibrio contractual que procure una reciprocidad de intereses entre las instancias de gobierno y los proveedores contratados, señala el legislador en la exposición de motivos de la iniciativa presentada.
    Expuso que con el propósito de evitar que cada seis meses el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí actualice los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se incluyen en esta ley fijándose éstos en salarios mínimos, los que con base en la realidad económica se aumentarán en su cuantía.
    Determina que será la Oficialía Mayor o su equivalente la que se encargará de tramitar y ejecutar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya es esta instancia de gobierno la que en las leyes orgánicas respectivas tiene esta función y se fija la obligación para que las instituciones cuenten con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
    Con la intención de generar equidad, imparcialidad y transparencia en la participación de los proveedores en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se establece como obligación para las instituciones, el de contar con un padrón de proveedores y se indican los requisitos que se requerirán para inscribirse en el mismo, las causas por las que se puede suspender o cancelar el registro y los impedimentos de las instituciones en relación con dichas personas.

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