Pide el Congreso del Estado que el Gobierno haga efectiva las sanciones económicas por 630 mil pesos mensuales a la empresa Aquos encargada de las obras de construcción de la presa El Realito pues las obras debieron haber concluidas desde hace dos años, expresó el diputado Francisco Martínez Ibarra presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado.
El legislador consideró que es necesario que la empresa cumpla con los tiempos establecidos e incluso aseguró que el Ayuntamiento de la Capital y, sobre todo, Soledad de Graciano Sánchez están obligados a cumplir con los pagos establecidos para operar las líneas de conducción que vendrán a solucionar el problema de abastecimiento de agua potable para los próximos 20 años.
Martínez Ibarra dijo que el Gobierno del Estado tiene que asumir el compromiso de seguir presionando a la empresa para concluya las obras de construcción de la presa El Realito, pues para ello existen convenios que establecen claramente las multas económicas a que son acreedores en caso de no cumplir en los tiempos establecidos y donde se señalar un cobro mensual de 600 mil hasta un millón 200 mil pesos mensuales en caso de incumplimiento.
Integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado se reunieron ayer con funcionarios de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua, quienes aseguraron que se ha sancionado a la empresa constructora de las obras de la presa El Realito con una multa por 630 mil pesos por incumplimiento.
Los funcionarios estatales y federales disiparon las dudas de los legisladores por conducto del titular de la CEA, Aldo Ruiz Hernández, quien les informó que ya se ha sancionado a la empresa constructora por incumplimiento, esto debido al retraso que ha sufrido.
Al respecto, el diputado Francisco Martínez Ibarra dijo que en esta reunión se les informó que debido al retraso del proyecto de la presa El Realito desde el pasado mes de diciembre la empresa tiene ya una sanción por 630 mil pesos por no entregar la obra.
Agregó que de persistir el incumplimiento, para el mes de agosto se duplicaría la sanción a un millón 260 mil pesos, cuestión que no le conviene a la empresa.
Dijo que a los legisladores les interesa saber cuál es la calidad de agua que se va a tener, y por ello se les dio a conocer que se han hecho los estudios pertinentes para asegurar que el agua sea buena.
“El Gobierno del Estado está cobrando 630 mil pesos y no pagando a la empresa filial de inca, y esta empresa tendrá que pagar porque es una concesión por 25 años, dos años de construcción y 23 de suministro de agua entonces entre más tiempo pase, la empresa menos puede cobrar”, aseguró.
