Un numeroso grupo de habitantes de la Colonia 21 de Marzo marchó en reclamo de apoyos reales de la arquidiócesis al sacerdote Guillermo Gil Torres, a quien se dictara en el Juzgado Cuarto Penal del Centro de prevención y Readaptación Social de La Pila, auto de formal prisión por el presunto delito de un menor de edad.
Alrededor de doscientas personas marcharon desde la colonia 21 de marzo en Soledad de Graciano Sánchez y desde las instalaciones del CEPRERESO de La Pila, hasta la sede arzobispal, para reclamar “la inmediata liberación del Padre Memo”, Guillermo Gil Torres, en la sede der arzobispado fueron atendidas por el representante legal de la mitra potosina, Marco Antonio Luna Aguilar y por el vicario general Benjamín Moreno Aguirre, a quienes reprocharon el haber abandonado en un proceso penal que calificaron como extraño e injusto al ahora ex párroco de Santa Rosa de Lima. Con cánticos religiosos, durante la marcha, y en la espera de ser recibidos por los representantes del arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero, los feligreses de Santa Rosa de Lima también exhibieron carteles y mantas de apoyo al “Padre Memo”, como lo llaman.
Aseguraron que nadie como el sacerdote que se encuentra recluido en la penitenciaría estatal desde el pasado domingo, había logrado unir a una colonia conflictiva, dividida, como lo es la colonia 21 de Marzo en Soledad de Graciano Sánchez, granjeándose simpatía, respeto, solidaridad. Declararon ser presa de sentimientos de sorpresa, tristeza, decepción, impotencia y reclamaron de las autoridades eclesiásticas un apoyo más determinado al sacerdote Gil Torres y a las autoridades civiles que tomen en cuenta los testimonios de la comunidad.
El abogado de la arquidió-cesis, Marco Antonio Luna explicó que los sacerdotes son ciudadanos y como tales, deben responder a los requerimientos de las autoridades civiles que han instruido algún proceso de investigación con la finalidad de deslindar la comisión de algún delito; asimismo, destacó que al conocerse alguna denuncia interna, planteada contra un sacerdote, la Iglesia que está regida por el Código Canónico, tiene la obligación de instalar el tribunal eclesiástico y emitir, en tanto se desahoga el proceso, las medidas precautorias correspondientes, como la suspensión provisional del ministerio sacerdotal, establecida por dicha legislación interna.
