El anuncio realizado por el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, en el sentido de que se habría modificado el Código Penal para reactivar el delito de difamación, derogado en el año 2000, para trasladarlo a un capítulo de delitos cibernéticos, fue recibido con indignación y sorpresa por los usuarios potosinos de estas tecnologías de comunicación.
El 30 de septiembre del año 2000, procedió la derogación del Capítulo III, Título Cuarto De los Delitos contra la Reputación de la Persona, y de los artículos 165, 166, así como de los artículos 159, 160, 161, 162, 163 y 164, entre otros.
Diversas organizaciones que utilizan la tecnología de comunicación de la red internética y de las redes sociales como Facebook y Twitter, entre otras para mantener contacto con los usuarios e intercambiar información y puntos de vista, calificaron la reactivación, como figura delictiva de la difamación, como un intento de controlar y regular la crítica que la sociedad desprende de las actuaciones de las instituciones públicas y como una intentona de justificar la opacidad de esas actuaciones.
Ciudadanos Observando consideró como regresivas las modificaciones instru-mentadas desde el gobierno y la Cámara de Representantes al Código Penal, en la medida en que se busca intimidar a la comunidad e impedir con ello las críticas que se derivan de conductas irregulares, abusivas y en ciertos momentos, delictivas, de individuos que se escudan en el servicio público y en las instituciones.
El colectivo estudiantil #YoSoy132 SLP también repudió el anuncio y la actuación de las “autoridades” tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, que han optado por favorecer una iniciativa de control presentada a través del diputado Alejandro (El Boris) Lozano González y a la que califican como fascistoide. Los estudiantes han hecho público su repudio, desde el conocimiento de la iniciativa presentada por el Boris Lozano, como se conoce y se autonombra el legislador panista y que ahora es recogida por el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas.
No así opinó el vocero de la arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera, quien recordó que las leyes que rigen las relaciones sociales son dinámicas y deben responder al avance, en este caso de las tecnologías de comunicación, a fin de preservar la integridad de la persona y salvaguardar su derecho a la intimidad.
