El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Marco Antonio Luna Aguilar; el Vicario General, Benjamín Moreno Aguirre; y el portavoz arquidiocesano, Juan Jesús Priego Rivera, solicitaron públicamente a las autoridades judiciales civiles y al juez que instruyó el proceso penal contra el ex párroco de Santa Rosa de Lima, de la colonia 21 de marzo, en Soledad de Graciano Sánchez, Guillermo Gil Torres, admitir en el proceso de deslinde de responsabilidades el testimonio de la feligresía.
Lo anterior en el marco de la rueda de prensa de los miércoles, en la sede arquidiocesana; en donde manifestaron haber tomado conocimiento de la aprehensión de Guillermo Gil Torres y del dictamen de auto de formal prisión emitido por el Juzgado Cuarto del Ramo Penal, extraoficialmente y a través de los medios de comunicación.
Reprocharon que en el proceso de descargo de pruebas no se haya tomado en cuenta el testimonio que puede aportar la comunidad de feligreses de la parroquia de Santa Rosa de Lima; asimismo dieron cuenta de un perfil del sacerdote que se incorporara a la diócesis potosina luego de desempeñarse como misionero en el continente africano; Gil egresó del seminario once años atrás y luego de retornar del África se desempeño como sacerdote en la Parroquia de San Pío X, posteriormente en el templo de las Tres Aves Marías y, finalmente en Santa Rosa de Lima.
Interrogado el abogado de la arquidiócesis, presbítero Marco Antonio Luna, sobre si la actuación de las autoridades es considerada irregular, este respondió que la Iglesia es respetuosa de las autoridades civiles y está sujeta a las leyes mexicanas, pero también, en consideración de que Gil Torres y los sacerdotes son civiles mexicanos se demanda que se respete de manera irrestricta los derechos que como tales les concede la Constitución y sus leyes.
Se preguntó sobre la diferencia entre este caso particular (del Padre Memo) y el del ex apoderado general de la arquidiócesis, Eduardo Córdova Bautista, respondiendo que “no se puede acudir a este tipo de comparaciones”.
Asimismo, y respecto de Córdova, se preguntó sobre si la arquidiócesis ha solicitado a otras jurisdicciones diocesanas del país su colaboración para ubicar el paradero de Córdova Bautista, el sacerdote explicó que su búsqueda y eventual aprehensión, se encuentra en el ámbito de las exclusivas responsabilidades de las autoridades judiciales.
Indicó –en respuesta a pregunta expresa–, que en la diócesis potosina sólo se conoce formalmente de cuatro casos de presunta pederastia clerical, el que es imputado a Córdova Bautista, el referido a Guillermo Gil Torres, el que señala a Noé Trujillo y otro más que apunta al sacerdote de Santa María del Río, Francisco Javier Castillo.
Destacó que el arzobispo, personalmente, ha invitado a quienes hayan sido eventuales víctimas de pederastia clerical, acudan a denunciar ante la propia arquidiócesis y ante las autoridades competentes civiles, a fin de que se instruyan los procesos correspondientes.
Insistieron en que la Procuraduría General de Justicia en el Estado no ha tomado acercamiento con la representación de la diócesis, no comunicó oficialmente la noticia de la liberación de la orden de aprehensión ni la correspondiente a la detención del sacerdote Guillermo Gil Torres, el pasado domingo, ni sobre el dictamen de auto de formal prisión emitido por el Juzgado Cuarto del Ramo Penal, mostrando su extrañeza e insistiendo en que son respetuosos de las autoridades civiles.