Teme la ASE daños a finanzas públicas en procesos de entrega-recepción

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Pide a autoridades salientes respetar cuestiones legales

Ante los inminentes actos protocolarios de entrega – recepción de los ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado, como autoridad competente para supervisar los hechos relacionados con ese tema, inició ya las acciones que le corresponden para que cada uno de los 58 procesos municipales que se llevarán a cabo, se ajusten a lo dispuesto por la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como por otras disposiciones aplicables.

En este sentido, el organismo fiscalizador pondrá especial atención y no tolerará “año de Hidalgo”, bonos desmedidos y/o no contemplados en el presupuesto, deuda pública ajena a la disciplina financiera, ni ninguna otra irregularidad que pudiera hacer menoscabo de la hacienda pública. Más bien, las posibles observaciones y presuntos responsables, serán sometidos a los procesos administrativos y en su caso penales a que haya lugar, así lo señaló la titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado.

De este modo, la ASE trabaja ya para que los eventos obligados por el relevo de poderes municipales previstos para el próximo primero de octubre, transcurran con el menor número de incidencias. Asimismo, da seguimiento a la formación de las comisiones de entrega y recepción; la primera correspondiente a las autoridades salientes y la segunda a las electas, mismas que deberán estar listas como plazo máximo 45 días antes del acto protocolario. Esto sin limitar los acercamientos previos que algunas comisiones puedan estar emprendiendo ya, para detallar los esquemas de trabajo sobre los que basarán su posterior responsabilidad.

Para concluir, Cervantes Salgado afirmó que las acciones de asesoría y acompañamiento previos y posteriores al primero de octubre, lograrán que los procesos de entrega-recepción se lleven a cabo sin contratiempos, de manera tersa y eficiente. Una pieza importante de ello es la capacitación, que el organismo fiscalizador ha impartido tanto al personal responsable en los municipios como a las comisiones de los gobiernos entrantes, mediante la cual ha ofrecido las herramientas necesarias para alcanzar el cometido de un proceso aseado.

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