Con la certeza de que la justicia estadunidense no responde a procesos apegados a las instituciones y a las leyes sino a intereses, habría que leer el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el escenario del nacionalismo militar y de la resistencia del ejército a someterse a los intereses de las agencias de inteligencia, seguridad nacional y poder militar de los EE. UU.
El estilo ya lo conocemos. En 1985 el bloque ultraderechista en los EE. UU. puso a México en la mira con el caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar –sospechoso de tener arreglos con el narco– que fue secuestrado, torturado y asesinado por parte del naciente cártel marihuanero de Miguel Angel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero.
Ese incidente provocó que el embajador estadunidense John Gavin, la oficina de la CIA en la embajada estadunidense en México, la DEA y el senador ultraderechista Jesse Helms realizaran la más vasta ofensiva pública de presiones sobre México para denunciar la complicidad de estructuras de poder con los narcos, desmantelar la agencia de inteligencia mexicana conocida como Federal de Seguridad y subordinar el aparato civil y militar de seguridad antinarcóticos de México a la Casa Blanca.
La respuesta de México a las presiones de los EE. UU. fue ceder a los EE. UU. la supervisión de las oficinas antinarcóticos de México, disolver la Federal de Seguridad, crear el CISEN bajo los cánones estadunidenses de inteligencia y sobre todo conseguir acuerdos de colaboración con las estructuras mexicanas militares marcadas como esencia del nacionalismo militar.
La operadora de la crisis de 1985 fue nada menos que la DEA y sus informes carentes de verificación –meros reportes aislados de datos, sin llegar a ser inteligencia procesada y comprobada–, cuyo fin es poner en la mira a funcionarios mexicanos acusándolos de estar al servicio del narco. En los hechos, los jefes de la DFS y de la judicial federal sí estaban aliados con los narcos. Pero el costo pagado fue entregarle a Washington el aparato de seguridad nacional antinarcóticos.
La crisis provocada por el arresto en Los Angeles del general Cienfuegos a petición de la DEA como agencia menor de seguridad estaría en la lógica de la resistencia militar a salirse de los acuerdos formales. Y a pesar de que México hubo de ceder a la presión estadunidense para sumarse a la Junta Interamericana de Defensa que representa, en la realidad, el seguro militar estadunidense para mover a las fuerzas armadas del continente contra invasiones ideológicas rusas. Al presidir ese organismo, México fue claro es deslindar movilizaciones ideológicas.
La ofensiva contra el secretario de la Defensa Nacional 2012-2018 se dio después de la orden ejecutiva del presidente Trump, hace semanas, para la movilización de las agencias antinarcóticos –la DEA, a la cabeza– para entrar a México a perseguir al Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y miembro del Cártel de Sinaloa. Esa orden ha permitido que agencias estadunidenses estén en México realizando operativos a la gringa para detener y llevarse a los EE. UU. a dos capos del narco.
El escenario del caso Cienfuegos es más complejo que supuestos mensajes en teléfonos BlackBerry que de manera supuesta no se pueden intervenir y en “miles” de pruebas que no aparecen en el expediente.
Ley de la Omertá
Como dato adicional hay que recordar que la renuncia de José Antonio Zorrilla Pérez a la Federal de Seguridad no fue motivada por su presunta responsabilidad en el asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984, sino por revelaciones del embajador Gavin al The New York Times publicadas en medio del caso Camarena en 1985 en el sentido de que Zorrilla había abandonado los compromisos y dependencias de la DFS con la CIA y acababa de firmar acuerdos secretos con la STASI, la agencia de inteligencia política de Alemania comunista.
Lo de menos eran los cursos que, en efecto, Zorrilla había pactado con la STASI, sino el miedo de la CIA de que el jefe de la policía política mexicana pasara a los rusos, vía los alemanes comunistas, algunos secretos de la CIA. En su momento se dijo que los dos nombres de los jefes de la estación de la CIA en México que difundió Buendía en sus columnas habían sido confirmados por altos jefes de la Federal de Seguridad por la amistad de Buendía con Zorrilla.
La relectura hoy de aquel reportaje del The New York Times basado en declaraciones y filtraciones de Gavin ayudaría a entender el contexto del caso Cienfuegos en el escenario de las relaciones de subordinación de labores de inteligencia y espionaje de las policías mexicanas controladas por las estadunidenses.
Zona Zero
La primera reacción del presidente López Obrador fue criticar el activismo de la DEA en México. Esa declaración debiera llevar a revisar los presuntos acuerdos bilaterales para que agentes de los EE. UU. operen por la libre en México y anden armados, una concesión de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto que puede tener costos políticos muy altos. La operación en México de agencias y servicios civiles y militares de inteligencia y seguridad de los EE. UU. se realiza bajo la cobertura oficial y no están controlados por las autoridades mexicanas.
Y habrá que revisar el caso de los agentes de la CIA, acompañados por miembros de la Secretaría de Marina, que fueron balaceados en Huitzilac, Morelos, en agosto de 2012 por policías federales. En los EE. UU. consideraron que policías estaban al servicio del cártel de los Beltrán Leyva, hoy revividos en el caso Cienfuegos. Pero el hecho fue que agentes de la CIA estaban trabajando en México con permiso del gobierno de Calderón y siguieron en el gobierno de Peña Nieto.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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