La nominación de Alfonso Durazo Montaño para Sonora no fue una sorpresa. En consecuencia, su remplazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco se sacará de la chistera. En los hechos, la estrategia, política y supervisión de la seguridad ha estado de manera directa en manos del presidente de la república… y así seguirá siendo.
La principal presión que ha resistido la estrategia presidencial ha sido la de los que proponen ofensivas contra capos y cárteles como una forma de desarticular el poder criminal. Sin embargo, como suele repetirlo de sí mismo, el presidente es muy necio: la acción violenta del Estado encuentra siempre una respuesta violenta y en la misma o mayor intensidad por parte de los grupos delictivos.
Durazo funcionó en esa lógica presidencial. Por eso le dedicó toda su atención a las estructuras jurídicas, operativas y de federalización de la seguridad. La Guardia Nacional tiene capacidad operativa para confrontar cárteles, pero a costa de reiniciar una guerra de muertos. Hasta ahora, la mayor parte de homicidios dolosos ha sido producto de la guerra entre bandas delictivas por el control de zonas territoriales.
No hay versiones de fondo sobre la estrategia presidencial, pero se puede inferir que existe la percepción gubernamental de que los cárteles tienen límites en su crecimiento como organización criminal y que suelen consolidarse cuando confrontan al Estado. Sin el Estado como adversario, la capacidad operativa de esos grupos entra en contradicciones consigo misma, se orienta contra otros grupos y esas guerras los debilitan. Es un enfoque de tipo naturalista que pudiera explicar una de las razones de la pasividad del Estado contra los cárteles.
Los liderazgos de los cárteles, además, necesitan confrontación para fortalecerse, a menos que sean corporaciones familiares como el cártel de El Chapo. Y aun ahí, la dinámica de la violencia como esencia natural de los criminales requiere de salidas violentas para despresurizarse. Al dejarlos sin el Estado como enemigo o adversario de fuerza armadas, entonces los liderazgos criminales pierden una de sus fuerzas dinamizadoras.
El cártel de El Chapo ha sobrevivido porque en los hechos no ha sido un grupo de violencia per se; la usa, con eficacia y sin escrúpulos, para defenderse; pero en la práctica el Chapo se dedicaba a su negocio de tráfico sin conquistas territoriales. En cambio, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima tenían por esencia la conquista y la violencia contra otros grupos criminales. Y mientras el grupo del Chapo era familiar, los otros estaban basados en la lealtad de la violencia y de la sangre.
La salida de Durazo, en realidad, no va a implicar ningún golpe de timón ni ningún cambio en la estrategia de construcción de la paz o control del Estado para no generar violencia persiguiendo narcos. Ni el nuevo secretario conseguirá alguna autonomía del control presidencial que seguirá llevándose todos los días en la reunión en Palacio Nacional de 6 a 7 de la mañana. El perfil del gabinete ha sido de discreción y de reconocimiento al liderazgo presidencial.
Lo que debe analizarse y discutirse es si la estrategia de paz es la adecuada, pero ese debate no se dará dentro del gabinete sino en los grupos de observadores de seguridad.
Ley de la Omertá
Los primeros pasos en el juicio contra el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012 podrían haber adelantado algunos indicios de la estrategia de defensa del acusado Genaro García Luna. Su punto de partida es frío y calculador: lo que obtendría a cambio de delatar cómplices y declararse culpable es poco con lo que pudiera lograr si se niega y se va a la pelea judicial. El escenario de la cadena perpetua aparece como amenaza, pero algunas versiones jurídicas señalan que García Luna no es un acusado como el Chapo como jefe operativo de un cártel criminal.
García Luna es un policía de carácter. Sus temores iniciales se han ido disipando con los meses en prisión. Sabe que la acusación en su contra tiene la ventaja de la fiscalía del Estado a la manera gringa en que no se necesitan demasiadas pruebas para sentenciarlo. Pero parte del hecho de que ya perdió, que pasará algún tiempo en prisión y que ve casi imposible salir libre por falta de pruebas.
El camino intermedio que le queda es el del colaboracionismo a medias: no entregar a Calderón ni a nadie de ese nivel, pero sí aportar datos de la estructura del crimen organizado en México y sus células en los EE. UU. y algunos otros datos que le sirvan a los grupos de la DEA en México para identificar complicidades gubernamentales y policiacas. Aunque tiene datos que nunca va a usar, el gobierno de los EE. UU. quiere engrosar los expedientes de la narcopolítica mexicana y la penetración del crimen organizado en grupos civiles de poder.
En los hechos, García Luna ya perdió. Y sólo le queda saber cuánto.
Zona Zero
Vienen golpes sucesivos en Ciudad de México contra cárteles, aunque con la certeza de que no existe capacidad para terminar con el tráfico de drogas. Y hay datos de que se espera una ola de violencia criminal en la capital de la república como parte del reacomodo de los grupos delictivos. La principal preocupación de las autoridades radica en la sospecha de que el Cártel Jalisco Nueva Generación está más metido en CDMX más de lo que se supone y que tiene complicidades de poder en las alcaldías.
Los empresarios Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego andan medio preocupados por el hecho de que les abrieron en sus empresas muchos espacios a los cuadros de seguridad del gobierno que dejaron muchos pendientes, Slim con veteranos de la Federal de Seguridad donde laboro su hermano Julián y Salinas Pliego ya con los aliados de García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Esos cuadros se llevaron a las empresas privadas a expolicías de esos grupos hoy perseguidos por la justicia.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh