Además de dar un respiro de salud pública en la zona y crear un mejor control penitenciario, el cierre del Penal del Topo Chico también “derrumbó” hasta en un 70 por ciento las cifras de extorsiones en el reclusorio y el estado.
También, la desaparición de la antigua prisión propició una baja en el número de homicidios, suicidios y muertes naturales en todas las cárceles del estado, en comparación con las cifras registradas de 2010 a 2018.
La extorsión era uno de los delitos más redituables para los grupos criminales que controlaban el centro penitenciario, ya que en una sola semana tenían ganancias de hasta 10 millones de pesos, según declaró para una agencia de noticias a nivel nacional el secretario de Gobierno Manuel González.
Los trabajos de inteligencia estatal revelaron una red de extorsionadores que operaban desde la prisión y que tenían expedientes con datos de mil 600 internos para conocer donde vivían antes de estar presos y quienes eran sus familiares.
Con estos datos amenazaban a los reos con asesinar o secuestrar a sus familiares si no pagaban una cuota. La mayoría de los delitos no se reportaban ante las autoridades por temor a represalias de parte de los grupos criminales.
Al igual que en otras prisiones del país, los reos tenían acceso a celulares para hacer extorsiones a personas que no tenían familiares en el Penal. Ese representaba un ingreso extra para los grupos criminales.
Una fuente oficial allegada al Sistema Penitenciario estatal, explicó para ABC Noticias que la magnitud de la red de extorsionadores era tan grande que al ser disuelta las extorsiones cayeron en un 70 por ciento en Nuevo León.
En septiembre de 2019, un mes antes del cierre definitivo de la prisión, se registró un pico de 93 casos de extorsión y a partir de ahí hubo un descenso y en el mes de junio de este año se reportaron 36.
La ingobernabilidad en el Penal de Topo Chico tomó fuerza en el 2010 con el embate de grupos criminales que se repartían el control de los ambulatorios de la prisión que se localizaba en el norte de la ciudad.
Tras varias disputas internas, las bandas que dominaban el penal desataron la peor tragedia penitenciaria en la historia del país que dejó un saldo de 49 reos muertos la noche del 10 de febrero de 2016.
Lo anterior obligó al Gobierno Estatal a acelerar el proceso de renovación del Sistema Penitenciario y acabar de una vez por todas con la impunidad que reinaba en el Topo Chico.