Desde el inicio de 2020, se han repartido 737,000 toneladas de comida de emergencia y leche, como tratamientos rápidos para personas malnutridas. Pero no es suficiente. El coronavirus se suma a una larga lista de condicionantes. Los conflictos armados, los desplazamientos forzosos, el cambio climático y las crisis económicas están detrás de estas aterradoras cifras “in crescendo”. Los reclamos de los agentes sociales se repiten: más financiación, acciones coordinadas y una base de datos conjunta para tener fotografía real de los que no tienen qué llevarse a la boca. Durante los meses de la pandemia se han sumado otras dificultades como el complejo acceso a los alimentos, fruto del cierre de fronteras, el desempleo y el encarecimiento de los productos.
A Djimé Adoum, secretario ejecutivo del Comité Permanente Interestatal para la lucha contra la sequía del Sahel, esta realidad no le sorprende. Guarda las cifras en la memoria: “Los precios de los alimentos aumentaron entre 40% y 50% en estos meses, las actividades económicas en la calle pararon en seco, los medios de subsistencia se ha reducido hasta en 60%…”, enumeraba sin pausa al otro lado de la pantalla. “El primer paso que tenemos que dar es hacia el acceso a los alimentos. Solo así se prevé la malnutrición”, argumentaba tras incidir en la cooperación entre países y el intercambio de “buenas prácticas”: “Se están haciendo las cosas bien en muchos lugares; tenemos que aprender de lo que está funcionando aquí y allá”.
Hacer frente a las crisis prolongadas en cooperación ha sido el objetivo de la Red Mundial Contra las Crisis Alimentarias, creada en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 por la Unión Europea, el Programa de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)……entidad que reconocía durante la conferencia estar “aún lejos” de la meta.