Al no autorizar el poder legislativo la reestructura de la deuda pública, el estado queda limitado en su margen de acción en el tema financiero y ponen en riesgo el desarrollo económico de la entidad, advirtió Daniel Pedroza Gaitán Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado.
En este sentido, el titular de la Sefin, sostuvo que respeta la decisión tomada por los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, quienes votaron en contra de la reestructura de la deuda pública, sin embargo, precisó que ellos como el resto de los legisladores son corresponsables junto con el poder ejecutivo en cuanto al manejo de las finanzas públicas y no están tomando la mejor decisión para el estado.
El secretario de Finanzas estatal, Daniel Pedroza Gaitán, se refirió a la decisión que tomaron los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, al rechazar por mayoría, la propuesta planteada por el Gobernador Juan Manuel Carreras a través de la Secretaría de Finanzas para reestructurar la deuda pública, pues los legisladores consideraron que se pueden usar otras maneras de financiamiento para enfrentar la crisis económica que ha producido el Covid-19 en San Luis Potosí.
Cabe recordar que en diversas ocasiones el titular de Finanzas del Estado, señaló que “La reestructuración de la deuda era totalmente justificable y necesaria, pues de no haberse presentado la pandemia de Covid-19, la administración gubernamental contaría con los recursos previstos para avanzar en el desarrollo económico y social del estado durante el año 2020”.
Además, manifestaba que, esta administración no ha generado deuda y con esta medida de reestructurar, tampoco se impactaría, incluso precisó, que se han disminuido de manera importante los pasivos heredados, tomando en cuenta que al inicio de la Administración, la deuda per cápita de San Luis Potosí era de 1 mil 547.1 pesos ocupando la séptima posición a nivel nacional. Al cierre de 2019, la deuda per cápita del estado es de 1 mil 322.79 pesos, se logró reducir una posición en el tablero nacional, ocupando el sexto lugar.
También advertía que, de no aprobarse la reestructura se pondrían en riesgo proyectos de infraestructura y afectaría la reactivación económica del estado, pues el objetivo del ejecutivo, únicamente era liberar flujo que permita cubrir la inminente disminución de ingresos con que contará el estado, así como para contar con recursos necesarios para enfrentar los gastos extraordinarios que ha provocado la emergencia sanitaria y económica derivada del COVID19
