Sin ponerse de acuerdo, pero con circunstancias articuladas, la actuación de fuerza policiaca en nivel de abuso causó estragos en las calles de los EE UU y de Guadalajara y Ciudad de México. En respuesta a la brutalidad policiaca se respondió con violencia social en las calles contra personas e instalaciones.
En ambos casos se denunció exceso de fuerza en el arresto de presuntos infractores de la ley, no por actividades terroristas sino por faltas de cultura cívica coyuntural: no portar cubrebocas obligatorios en tiempos de pandemia. En ambos casos, los presidentes Donald Trump y López Obrador se han negado a usar esos artículos para prevenir contagios, a pesar de su obligatoriedad.
Dos asuntos de infracciones sin importancia han provocado violencia social en las calles. En ambos casos, los policías pudieron reprender de palabra a los infractores, enseñarles el reglamento donde dice que deben usarlos y, como parte de la acción pública, obsequiarles uno para usarlo por obligación.
Los policías en México y los EE UU no han sido entrenados para diferenciar niveles de fuerza policiaca. No es lo mismo enfrentar a un delincuente armado en un robo en proceso, que a un ciudadano que no cumple con una regla coyuntural del cubrebocas que no ha sido explicada con suficiente intención. Y de otro lado, los ciudadanos no están dispuestos a dejarse intimidar por policías por acusaciones sin importancia y su respuesta suele ser violenta, provocadora y agresiva.
Las policías fueron creadas para hacer respetar a la ley por personas infractoras. En los EE UU existe el problema grave de la libre circulación de armas de fuego, al grado de que las bandas sofisticadas usan armas de nivel militar. No todos atacan a las policías, pero todos lo harían al sentirse acorralados. Por ello no se pueden imponer restricciones al uso de la fuerza policiaca estadunidense sin antes establecer nuevas reglas que disminuyan la utilización de armas de fuego por parte de los delincuentes.
La única manera que tienen los policías para imponerse es la fuerza verbal, la fuerza física y la fuerza de las armas. No es muy difícil entender el nivel de irregularidad de un presunto inculpado: el que está ajeno al delito suele gritar y amenazar con un abogado; los delincuentes responden con fuerza y con armas. De del 2009 al 2019 delincuentes han matado a más de 550 policías en acciones de enfrentamiento o arresto. Del lado contrario, más del triple de ciudadanos culpables o inocentes han fallecido en encuentros con la policía.
En ambos universos diferentes, pero con escenarios parecidos, el uso de la fuerza policiaca no se hace para combatir la inseguridad y atrapar el culpable, sino que se utiliza como mecanismo de control social: el miedo a la policía es el miedo al Estado; relajar el papel coercitivo de las policías implicaría un debilitamiento del Estado. Por eso el gobierno estadunidense nunca ha aceptado abuso de fuerza en sus policías dentro del país o de sus militares en operaciones de invasión extranjera.
Si se revisan con cuidado los apoyos de políticos estadunidenses a los ciudadanos víctimas de brutalidad policiaca, no existe un cambio de enfoque –de policía de fuerza a policía de leyes–, sino que se busca sólo eliminar los protocolos de fuerza que ponen en riesgo la vida del detenido, aunque al final saldrían beneficiados los delincuentes.
En México se ha querido aplicar desde 2008 un protocolo policiaco de primer mundo que exigiría policías con grados académicos de doctor, pero dejando el trabajo de policía como empleo de emergencia para los desempleados con bajos niveles culturales.
Ley de la Omertá
En una de sus columnas sobre seguridad, recogidas en La era de la criminalidad, editada por el Fondo de Cultura Económica, el escritor y periodista Federico Campbell abordó el tema de la inseguridad en el tema de las policías. El texto este fechado en 1993, año en que estallaron conflictos sociales con la policía por el secuestro y tortura de dirigentes sociales. Ahí descubrió Campbell lo que llamó el “poder policiaco”: a pesar de no ser todos, la estructura policiaca está diseñada para ser un poder con autonomía relativa del Estado y mayores complicidades cuando los intereses del Estado coinciden con los policiacos.
Campbell cita un párrafo de Daniel E. Herrendorf, en su libro El poder de la policía:
“Porque el sistema policial se ha convertido en una casta que detenta poder por sí misma y no resulta posible desarticular sus estructuras –ya sólidas– tan fácilmente, salvo con el costo de una verdadera confrontación entre poderes, oposición que podría conducir o no a una guerra civil, pero sí a una verdadera batalla de intereses”.
Zona Zero
• Opinión de Guillermo Valdés, director del Centro de Información y Seguridad Nacional 2006-2011, sobre la afirmación del general Tomás Angeles sobre las relaciones de complicidad de Genaro García Luna con Felipe Calderón: “del trato que yo tuve con el Gral. Ángeles no me parece una gente confiable para ese tipo de información”.
• Se intensifica la lucha entre cárteles por el control territorial de la república, sobre todo tres: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel del Pacífico. La tasa promedio de homicidios dolosos sigue aumentando. Hasta ahora el gobierno federal no ha definido estrategias de persecución, sino decisiones reactivas.
• Sigue el enfoque de desdén en el gobierno federal sobre las agresiones de género por el confinamiento, pero que siguen la lógica de los feminicidios: intenciones de agredir. La Secretaría de Gobernación sigue sin cumplir los protocolos de la ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de violencia. Y eso que su titular es mujer, abogada y exministra de la Corte a donde han llegado casos de feminicidios.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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