Ante la inconformidad surgida en diferentes sectores de la sociedad, principalmente en el pedagógico, contra la nueva Ley de Educación, se ha lanzado una campaña, a través de la página change.org, para que se revoque el ordenamiento “que atenta contra los derechos humanos de estudiantes, maestros y personal de administración”.
La petición para recabar firmas, bajo el título: Tiene SL su ¡Ley Barbosa!; ¡Que el Gobierno no controle la educación privada en San Luis Potosí!, se ubica en este link: http://chng.it/22JZp5KbnC
El promotor es Luis González Lozano y la petición está dirigida al Congreso, Gobierno del Estado y Secretaría de Educación potosina, en donde se hace énfasis en que “la Nueva Ley de Educación pone en peligro la autonomía y calidad de la educación privada en el Estado” y agrega: “la nueva Ley pretende adueñarse de la educación privada en San Luis Potosí”
Relata que el Congreso de San Luis Potosí aprobó el 14 de mayo pasado, y en esa misma fecha el Gobernador Juan Manuel Carreras López publicó en el POE la nueva Ley de Educación de San Luis Potosí, que permite que el Ejecutivo fiscalice instituciones de educación privada, regule cuotas, y que sus bienes sean considerados parte del sistema educativo estatal, en otras consecuencias, es decir, igual que la Ley Barbosa que se aprobó en Puebla.
La Nueva Ley de Educación pone en peligro la autonomía y calidad de la educación privada en el Estado, por lo que les pedimos su ayuda para exigir al Gobierno que dé marcha atrás con esta ley.
Además fue elaborada a espaldas de la sociedad, jamás fue consultada y su publicación se trató de esconder; fue aprobada en tiempo récord y es una “Ley Control”.
Existe Inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Educación de SLP, dado que viola derechos humanos y diversos principios en contra las instituciones de educación, el derecho a la educación democrática y de calidad, la libertad de cátedra y la certeza jurídica, ejerce control y censura sobre las instituciones privadas, el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, contraviene el principio de libertad académica, transgrede el principio de legalidad.