Suprema Corte reitera autonomía del Ayuntamiento; Cabildo será su contrapeso

  • El Cuerpo Edilicio se comprometió a fortalecer las acciones y decisiones que se tomen desde este órgano para garantizar el buen uso y la transparencia de los bienes municipales.

Luego de que se diera a conocer la histórica resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al manejo autónomo del Ayuntamiento de San Luis Potosí en torno a la disposición para vender o rentar bienes e inmuebles, el Cabildo de la capital reconoció dicho posicionamiento y se comprometió a fortalecer las acciones y decisiones que se tomen desde este órgano para garantizar el buen uso y la transparencia de los bienes municipales.

La sentencia de la Suprema Corte anula la modificación que se hiciera hace algunos años a diversos artículos de la Constitución Política de San Luis Potosí en donde se explicaba que ningún municipio podría realizar contratos para la enajenación de los bienes o inmuebles públicos sin que antes se contara con el visto bueno del Congreso del Estado de modo que, con esta resolución, se refrenda la autonomía de los ayuntamientos a fin de que estos puedan tomar sus propias decisiones sin el aval de los legisladores.

El presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, celebró el resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y calificó este hecho como una manera de refrendar la autonomía de los municipios además de que protege y defiende los derechos y facultades que tienen los Ayuntamientos sobre este tipo de decisiones, en atención a las realidades y demandas ciudadanas que se viven de manera puntual en sus demarcaciones.

Por su parte y sobre este mismo tema, el regidor Christian Iván Azuara Azuara, aclaró que esta determinación no atribuye todas las funciones a la figura del presidente municipal, sino que faculta a todo el Cabildo para que sea un contrapeso y sea este quien pueda decidir si resulta procedente o se rechaza cualquier proceso de enajenación, renta o demás cuestiones que pudiera involucrar a los bienes públicos, situación que deberá darse de manera transparente y con total apego a la ley.