Han pasado 15 días desde que el brigadier general Norberto Mujica Jaime, director del Inpec, declaró la emergencia carcelaria en Colombia, y todavía ni el presidente Iván Duque ni su gabinete han firmado el decreto que facilitaría las excarcelaciones de al menos el 8 % de la población privada de la libertad.
El Gobierno está evaluando las condiciones bajo las cuales mandará a detención domiciliaria a un poco más de 10 mil internos para mitigar el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles del país, donde con las altas cifras de hacinamiento cualquier contagio sería incontrolable.
Y como los días pasan y no hay una decisión, los reclusos se van inquietando. Vale recordar que la emergencia se decretó después de un amotinamiento simultáneo en al menos 17 establecimientos penitenciarios, que terminó con la muerte de 23 internos.
Los presos ya decidieron protestar mañana, según ellos, de manera pacífica. “No podemos esperar que esta pandemia llegue a un centro carcelario, para tomar las medidas cautelares”, dice un comunicado compartido entre internos en las cárceles del país. Como muestra de su protesta portarán camisetas blancas y no recibirán alimentos. La huelga de hambre iniciará a la media noche de este martes.
El decreto que se cocina
Desde el 27 de marzo el Gobierno tiene listo el borrador del decreto, en él se establece que serán enviados a detención domiciliaria transitoria por seis meses (que pueden ser prorrogables por el mismo lapso) los mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades crónicas, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas, madres lactantes, quienes hayan cumplido las tres quintas partes de su condena, quienes ya hayan cumplido los requisitos para el permiso de 72 horas y quienes estén condenados a menos de 5 años o por delitos culposos. Los beneficiados no podrán ser responsables de delitos de lesa humanidad o relacionados con el conflicto armado, de delitos contra menores de edad, feminicidio, narcotráfico, financiación del terrorismo y de varios delitos contra la administración pública, más un largo etcétera.
Sin embargo este decreto aún no tiene contento al Ejecutivo, incluso la Fiscalía General de la Nación creó un comité de alto nivel, del que hacen parte el fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, que se dedicará a estudiar las decisiones que se han tomado en otros países afectados por el virus para proteger a la población carcelaria, y presentará una propuesta al Ministerio de Justicia y a las altas cortes esta semana.
Responsabilidad política
Según Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas, el Gobierno no ha sacado el decreto “por cálculos políticos, se tiene la creencia de que sacar gente de la cárcel genera un grave costo político. Se piensa más desde lo político que desde lo humano. Colombia ha deshumanizado a esta población”.
Con este concepto estuvieron estuvieron de acuerdo Michell Pineda, director de la Corporación Compromiso Colombia y el reconocido penalista Iván Cancino.
“La demora del Gobierno obedece a su temor a la crítica, por el populismo punitivo, que ve en el castigo la principal forma de control socia”, aseguró Pineda, a lo que Cancino agregó que las “decisiones en materia penal no son de política ni de populismo, son de eficacia y de política criminal, el momento en el que el Gobierno y la Fiscalía entiendan eso, avanzaremos”.
Para Pineda, el Ejecutivo tiene que echar mano de otros criterios para tomar decisiones: “No pueden provenir exclusivamente de la ética que por sí sola no alcanza a garantizar el respeto por los derechos, ni solo del derecho. Pero podría aplicar una solución basada en principio de la bioética que conjuga para la aplicación de la norma, conocimientos jurídicos y de salud pública”.
Posibles soluciones
Cancino estuvo de acuerdo con el borrador de decreto en cuanto a quiénes deben recibir la detención domiciliaria, pero cuando se trata de los que “hayan cumplido la mitad de la pena o las tres quintas partes y tengan certificado de buena conducta deben ser excarcelados sin otra medida de aseguramiento encima”.
Pineda considera que el Gobierno, además de la detención domiciliaria, debe flexibilizar la aplicación de libertad. A lo que Bernate apuntó: “Es absurdo que mientras la ley diga que cuando se cumplen las tres quintas partes de la condena la persona tiene derecho a la libertad, un nuevo decreto lo mande a la casa”. Para la aplicación de las excarcelaciones plantea que se creen juzgados especiales para tramitar las libertades.