Coronavirus: qué capacidad tienen realmente los países de América Latina para hacer frente a la epidemia de covid-19

«Tenemos los mismos problemas de los países más desarrollados, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, y también problemas de enfermedades infecciosas propias de países menos desarrollados. Y además de eso somos el continente más violento del mundo», explica Lago,

«Pero incluso Brasil, que tal vez tenga el sistema de salud más ambicioso de toda la región, invierte poquísimo en salud pública: 3,8% del PIB en comparación con el 7,9% de Reino Unido, el 8% de España y el casi 10% de Francia y Alemania. Y eso que Brasil tiene tres o cuatro veces más población que esos países», le dice a BBC Mundo.

Las medidas de contención tratan de ralentizar el avance del virus para quitarle presión a los sistemas de salud pública.

De hecho, con un gasto en salud per cápita de US$ 1.076 anuales, en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea, que en promedio gastan US$3.364 por cabeza, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Y esa cifra incluye al gasto privado, que en aproximadamente un tercio de los países de la región latinoamericana es de hecho mayor que el gasto público.

Por eso, para el exministro de Salud de Colombia Alejandro Gaviria, los problemas de capacidad que ya empiezan a hacerse evidentes en países con sistemas de salud pública mucho mejor financiados deben poner en perspectiva lo que se puede esperar, por ejemplo, del sistema de salud de su país.

«No puede pedírsele lo que no pueden hacer los sistemas europeos», le advierte a BBC Mundo.

Pero si eso es cierto para el caso de Colombia, que según las últimas cifras de la OMS tiene un gasto en salud per cápita muy cercano al promedio de la región. ¿pasa lo mismo con los países que lo superan ampliamente, como Cuba, Chile, Uruguay o Argentina?

¿Y qué sucede con aquellos que gastan mucho menos, como Venezuela, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia o Perú? ¿Están necesariamente en una peor situación que sus vecinos?

Acceso desigual en tiempos de pandemia

La respuesta no es tan sencilla, entre otras cosas porque el gasto en salud no es el único indicador a tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de un país para hacer frente a una epidemia como la del coronavirus.

Es decir, los países que menos invierten en la salud de sus habitantes están casi invariablemente en peor situación que los demás: no en balde la Organización Panamericana de la Salud identificó a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela como los países latinoamericanos «que conllevan más riesgos».

Los expertos ya han advertido que el covid-19 puede tener consecuencias catastróficas en Venezuela, donde después de años de crisis el sistema de salud está de rodillas.

Un gasto alto, sin embargo, también puede ser un gasto ineficiente.

Y, además, los recursos no siempre se distribuyen equitativamente.

De hecho, como bien prueba el ejemplo de Estados Unidos -el país con el gasto per cápita en salud más alto del mundo- un elevado nivel de gasto no necesariamente se traduce en un acceso universal a la salud, lo que constituye un serio problema a la hora de enfrentar epidemias.

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Y en el caso latinoamericano lo mismo ocurre con países como Chile, el segundo en gasto per cápita de América Latina pero el 15 en el índice de cobertura universal de la OMS.

Parte del problema es que si bien en América Latina hay numerosos sistemas de salud que tienen como objetivo declarado la cobertura universal -incluyendo al chileno- en la práctica persisten numerosas barreras.

Y una particularmente importante es la altísima proporción de los gastos de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud que se observa en la mayoría de países de Latinoamérica.

Los pagos directos que se hacen para acceder a servicios no incluidos en los planes de cobertura de los diferentes tipos de seguros, o compensar por la falta de calidad, integralidad u oportunidad de los que ofrece la sanidad pública, impiden o retrasan la atención, además de hacerla más costosa para las personas y el sistema.

Y ayudan a entender por qué la Organización Panamericana de la Salud estima que un 30% de la población de la región no tiene acceso a atención de salud debido a razones económicas.

Las barreras económicas hacen que aproximadamente tres de cada 10 latinoamericanos no pueda acceder a servicios de salud.

Esto es relevante en el caso del coronavirus porque, como explica el Dr. Ernesto Gozzer, experto en seguridad sanitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, «si la gente no va a tratarse, porque le sale demasiado caro, las posibilidades de contagio se multiplican».

«La inequidad en general y la inequidad en el acceso a los servicios de salud contribuyen tanto a facilitar la transmisión de una epidemia como a aumentar el impacto negativo de la misma», le dice a BBC Mundo.

Y las barreras que la alientan no son sólo económicas: según la misma OPS, un 21% de los latinoamericanos también renuncia a buscar atención en salud debido a barreras geográficas.

Unas barreras que, por el contrario, no serán capaces de detener al virus, lo que hace que las desigualdades que también existe entre los diferentes países latinoamericanos también le plantearán problemas a los mejor preparados.

Con pocas camas

Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las capacidades instaladas en los países latinoamericanos, que ya de por sí se anuncian insuficientes para hacer frente a una epidemia como la del coronavirus.

Significa que, por sí solos, los números totales de doctores, hospitales o equipos disponibles no son una forma adecuada de medir acceso efectivo.

Y eso pinta un panorama todavía más desalentador para una región en la que solo tres países -Cuba, Argentina y Uruguay- superan el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes.

Por si eso fuera poco, la disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, que será crítica para la atención de los casos más graves de covid-19, es todavía menor.

Un estudio comparativo publicado en la revista Critical Care Clinics en 2006, por ejemplo, estimaba el número de camas ubicadas en cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes en 10 para el caso de México, 2,9 en Argentina, 2,3 en Uruguay, 2,2 en Venezuela, 0,8 en Brasil, 0,3 para Chile, Colombia y Ecuador y 0,2 para Perú.

Y aunque desde entonces a la fecha la proporción puede haber subido en algunos países -por ejemplo hasta 1,1 en el caso colombiano-, todo indica que número resultará insuficiente frente a una enfermedad que, según algunos estimados, podría llegar a contagiar hasta el 80% de la población y enviar a cuidados intensivos a entre el 2% y 4% de los infectados.

En México, por ejemplo, las autoridades sanitarias han estimado el número de camas de cuidados intensivos en hospitales públicos de todo el país en 3.000, y la disponibilidad de ventiladores en el doble de eso.

Pero los cálculos más conservadores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), que considera una «tasa de ataque» del 0.2%, asumen que más de 10.000 personas podrían requerir de ese nivel de cuidado.

Y, claro está, muchas de esas camas también son requeridas por pacientes afectados por condiciones diferentes al covid-19.

Países como México han empezado a preparar hospitales móviles para responder a la epidemia.

Un déficit también es altamente probable en Argentina, donde según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el 90% de ese tipo de camas «siempre están ocupadas».

Y las cifras manejadas por la organización sugieren una menor disponibilidad que hace 14 años, pues sus 950 camas en UCI equivalen a una tasa de 0,45 por cada 10.000 habitantes.

En Brasil, por su parte, un estudio del IEPS estima que si el coronavirus infecta a un 20% de la población el país tendría que duplicar su capacidad de UCI o destinar todas las ya existentes para atender a los afectados con covid-19.

Y las capacidades también son insuficientes en Colombia, aunque según el exministro Gaviria este tipo de capacidad ha aumentado en los últimos años como resultado de los incentivos «perversos» de un sistema de salud en el que el Estado se apoya en el sector privado para aumentar la cobertura en salud.