Nació muerta
En San Luis Potosí desde su origen tuvo serios problemas para nacer la fiscalía anticorrupción; desde su discurso de toma de posesión el actual gobernador mencionó en un párrafo especial su intención de enviar al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
El gobernador del Estado cumplió su compromiso para el mismo año 2015 envió al Congreso del Estado una iniciativa para la Ley Estatal Anticorrupción, los diputados de la anterior legislatura la mantuvieron en la “congeladora” hasta mediados de 2018 en que la aprobaron.
Hubo la inquietud de saber porque habían retenido la aprobación de esta ley anticorrupción, pero fue fácil entenderlo ya que durante ese trienio en el propio Congreso del Estado se dieron varios o muchos actos de corrupción, que por cierto no han sido sancionados hasta ahora, como lo fue la llamada “ecuación corrupta”.
Pero también a nivel federal el Sistema Nacional Anticorrupción ha tenido detractores públicos y otros silenciosos. Entre los primeros están los que genuinamente piensan que el diseño es rebuscado y, por tanto, difícil de operar. En sus argumentos, suelen privilegiar el componente punitivo de la lucha anticorrupción y por ello se quejan de que existan tantas instancias asociadas al Sistema cuando lo verdaderamente importante es la persecución criminal y el castigo.
Sin embargo, los detractores silenciosos son mucho más preocupantes. Porque es por la vía de la precipitación de los hechos, y no de la discusión pública, que buscan pretextos para descalificar a nuestro esquema anticorrupción incluso antes de que se haya instalado debidamente.
Se considera que en este grupo están las mismas autoridades que en la superficie aplaudían (aplauden) ruidosamente “la hazaña histórica de instalar el SNA”, pero por debajo del agua hacen lo necesario para debilitar o capturar a las instituciones o instancias que lo integran.
Algo de amenazante tendrá el SNA y los sistemas locales, que autoridades de distintos niveles han maniobrado para manipularlos.
La realidad de todo esto tanto a nivel nacional como local en San Luis Potosí es que no existe un sistema anticorrupción operativo y en todo caso dicho término “anticorrupción” o “combate a la corrupción” hasta hoy sólo se utilizado para perseguir enemigos políticos o del régimen.
La fiscalía anticorrupción está casi muerta, si es que en algún momento estuvo viva. Y la pregunta es qué perdemos con ello. No le podemos atribuir a la fiscalía anticorrupción ninguna hazaña en particular, a pesar de que el Estado de San Luis Potosí está lleno de funcionarios corruptos desde el motociclista de tránsito que pide “mordida” hasta presidentes municipales pasando por todos los departamentos y secretarías.
En esta lista también se incluye al Congreso del Estado y a los partidos políticos que manejan recursos públicos.
Con la renuncia del fiscal anticorrupción en San Luis Potosí la fiscalía prácticamente se quedó congelada o muerta y actualmente poco o nada se sabe de ella o de sus actividades.
La fiscalía anticorrupción en el Estado necesitaba tanto apoyo económico, autonomía real, liderazgo para mover el proyecto hacia adelante. Por eso en su diseño existe el Comité de Participación Ciudadana, la cadena de transmisión entre las instituciones y la gente, que es el impulso que necesita para moverse. Pero al parecer actualmente ni el Comité de Participación Ciudadana está integrado.
Toda esta situación entorno al combate auténtico, real a la corrupción tiene muchos intereses de por medio, por cierto muy poderosos que impiden que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como la fiscalía estatal anticorrupción puedan funcionar.