La marcha por el Día Internacional de la Mujer el domingo 8 y el paro de labores femeninas el lunes 9 pusieron dos temas centrales en la agenda de las relaciones sociales: la inseguridad como un elemento de represión de género y el machismo como explotación masculina de la mujer.
Si los temas calaron en la sociedad, debieron de marcar una nueva etapa en la asunción de la condición femenina. En materia de inseguridad la responsabilidad es del Estado y sus instituciones, pero en el tema de la explotación masculina sobre todo en el hogar es agenda de las mujeres para trascender las justificaciones en las relaciones de pareja.
Lo que debe venir después de esas dos manifestaciones del poder de género sería la construcción de una agenda amplia de pasivos femeninos: exigir el nombramiento de una fiscal de feminicidios, aclarar las razones –o más bien: sinrazones– de los delitos de inseguridad contra ellas, presionar para que el gobierno/Secretaría de Gobernación aplique la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que está vigente pero congelada porque exigiría desde el gobierno una perspectiva de género que no pueden administrar.
Del lado de la violencia creciente de género en el entorno social de las mujeres –como la explotación laboral, el acoso en oficinas y la agresión en los hogares–, corresponde a la mujer tomar cartas en el asunto y denunciar los ataques. En los EE. UU. fue un éxito social el movimiento #MeToo que tiene en la cárcel al obseso sexual Harvey Weinstein y lo podría hundir ahí o el encarcelamiento y muerte sospechosa de otro traficante de mujeres Jeffrey Epstein cuyo hilo de corrupción sexual ha involucrado a expresidentes y príncipes.
Lo que debe venir también es una mayor y mejor organización de estructuras femeninas para darle continuidad a las protestas y pasar del grito a la institucionalización de su agenda de defensa de la mujer a una ida sin acosos sexuales.
En efecto, las mujeres se quejan del mecanismo judicial-penal, pero no han creado organizaciones no gubernamentales para acompañar a las quejosas, estar con ellas en la exigencia de resultados y acorralar a los funcionarios que tratan con desdén la agenda judicial de las mujeres.
Lo peor que le puede pasar a las mujeres es demostrar su músculo de poder de género y luego regresar a su cotidianeidad frustrante sin posibilidad de canalizar las exigencias. En la realidad, las mujeres dieron un buen jaque a los funcionarios que desdeñan la agenda de seguridad y acosos contra las mujeres. Pero ahora falta darle continuidad y no esperarse hasta el 8 y 9 de marzo del 2021.
Por lo pronto, las mujeres tienen un poder real que se vio en lunes 9: su capacidad para paralizar la economía. Ahora deben demostrar que unidas configuras un poder político electoral para votar contra los partidos que las humillan, las explotan y las dejan abandonadas. La creación de grupos de defensa de derechos de la mujer podría influir en las elecciones legislativas federales del 2021 para exigir e imponer una agenda de género en los temas centrales: inseguridad y agresiones.
Un gran paso fueron las manifestaciones del poder de género de las mujeres, pero ahora falta canalizarla en acciones, instituciones y nuevas voluntades de las instituciones del Estado para atender y darle cauce positivo a las exigencias.
Ley de la Omertá
Por información que revele la organización de bandas criminales no se pueden quejar. A los informes oficiales y fichas de inteligencia les hacen falta análisis de articulación de hechos, personas y territorialidades.
La narrativa se resume sólo a la acumulación de fichas y hechos fríos.
En 2015 apareció un libro que recopilaba hechos delictivos y personajes, pero les daba una narrativa de periodismo-novela: Roja oscuridad. Crónica de días aciagos, del columnista Héctor de Mauleón (editorial Planeta). Eran quince narraciones de casos delictivos que mostraban, por el dinamismo del estilo de redacción, la realidad de la inseguridad en México.
Se trató de un panorama diverso de la inseguridad; capos, víctimas, sucesos, balaceras. De entre todas destaco una, la última, titulada “La pulverización de los cárteles”, basado en la historia del liderazgo del grupo Los Zetas, un grupo de sicarios que devino en cártel dedicado al narco en la zona de Nuevo Leon y Coahuila.
La tesis de De Mauleón señala que el gobierno fue eficaz en desmantelar el liderazgo fuerte del grupo, pero falló en el control de las consecuencias: Los Zetas se dispersaron en pequeñas bandas que atomizaron la violencia. En este sentido, el gobierno tuvo éxito en arrestar o matar en acción a capos, pero perdió el control de la banda.
El libro trae otras historias de la justicia y del crimen organizado que vale el esfuerzo de la lectura.
Zona Zero
Cierta tensión se advierte en Guanajuato, uno de los estados con mayor índice de criminalidad delictiva, por el arresto del papá de José Antonio Yépez Ortiz, el temible y sanguinario jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima dedicado al huachicoleros. Inclusive, unas primeras versiones revelan que el coche-bomba estallado cerca de un cuartel de la Guardia Nacional en Celaya pudiera haber sido el primer mensaje.
Era obvio, pero no por eso no deja de sorprender: 21 mujeres fueron asesinadas los días 8 y 9 de marzo en diferentes lugares, pero todas ellas víctimas del crimen organizado. Ni eso trató de cuidar el gobierno federal, aunque quizá el Estado ya perdió su capacidad de previsión y las autoridades sólo se dedican a hacer el recuento de daños. La cifra oficial de feminicidios de 976 de 2020 se perfila a ser superada en 2021, aunque en términos generales se sienta una disminución de los homicidios dolosos en general. Y también siguen aumentado los delitos vinculados a temas sexuales en los que el gobierno carece de programas de atención.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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