El pánico social y el análisis sobre la inseguridad podrían estar cometiendo un grave problema de percepción: ¿los homicidios dolosos como punto referencial son causa o efecto de la inseguridad?
La prisa del periodismo desdeña otros indicadores: delitos contra el patrimonio, agresiones contra mujeres –no sólo feminicidios– y total de delitos.
El problema mayor de la inseguridad está en otro lado: la sustitución del Estado por organizaciones delictivas que desplazan a la autoridad y venden seguridad a los ciudadanos y empresarios.
Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, zonas de Oaxaca y buena parte de Ciudad de México están padeciendo la actividad del crimen organizado vendiendo protección, cobrando extorsiones y recolectando impuestos especiales.
Se vio muy claro con La Familia Michoacana de Servando Gómez La Tuta en reuniones con empresarios para otorgar permisos de actividad productiva a cambio de cuotas, lo mismo que hace, aunque de forma legal, el Estado.
Ante la ausencia de la autoridad estatal, los empresarios prefieren entenderse con el crimen organizado, al final de cuentas las extorsiones son como impuestos por seguridad. Sin embargo, lo peor radica en la forma en que las bandas criminales exigen porcentajes de acciones a los empresarios y se convierten en socios ilegales de empresas.
Las acciones de seguridad desde diciembre de 2006 a la fecha se han centrado en combatir a algunos cárteles del crimen organizado, a perseguir traficantes de drogas y a aumentar la vigilancia en zonas productivas. Pero no es lo mismo que la policía patrulle zonas comerciales que un par de cobradores delictivos recorran las cajas registradoras de empresas cobrando impuestos especiales de seguridad. Los que se nieguen a entregar sus cuotas serán hostigados, dañados y hasta secuestrados.
De manera paulatina, el crimen organizado se está metiendo en la estructura productiva de la economía mexicana, sin que las autoridades tengan forma de indagar y, luego, de combatirlos. La venta de protección es el principal negocio de grupos delictivos no muy numerosos, quienes a su vez están aliados vía cuotas con grandes cárteles.
La estrategia nacional de seguridad pública no alcanza a tener brazos operativos y recursos para combatir este tipo de delitos no violentos, pues apenas puede atender el delito más visible que es el de los homicidios dolosos. Sin embargo, la actividad económica de pequeñas y micro empresas están cayendo en las redes criminales: en poblaciones de Guanajuato han cerrado tortillerías, en CDMX los ambulantes pagan cuotas ilegales a los inspectores y a los cobradores que les venden protección y muchos restauranteros medios y bajos han revelado pagos de cuotas a criminales para que los dejen trabajar. En zonas agropecuarias de Veracruz hay bandas dedicadas a vender protección.
El mundo criminal se mueve en la economía suma-cero: lo que pierde el Estado lo ganan las bandas delictivas. El repliegue del Estado por falta de fondos o por incapacidad para cubrir la totalidad de delitos facilita la multiplicación de bandas de extorsionadores de negocios. Se trata de delincuencia al menudeo que impacta la actividad productiva, sin que el Estado cuente con estrategias para combatirlas.
Ley de la Omertá
Los feminicidios, los secuestros y asesinatos de niños y la violencia del crimen organizado contra la sociedad ha sido aprovechada con oportunismo por el Partido Verde para proponer el regreso de la pena de muerte. Pero la sensibilidad a flor de piel de una sociedad agraviada con la violencia de la inseguridad ha recibido ese tema con cierto alivio: el ojo por ojo con los delincuentes.
En tiempos pasados existió la pena de muerte: a mediados del siglo XIX el presidente Juárez la aplico a salteadores de caminos y secuestradores para retomar el control de los caminos. Luego se incluyó en la constitución de 1917 por delitos de traición a la patria. La pena de muerte fue borrada de la Constitución apenas en 2005, aunque con más de 50 años sin aplicarse.
En 1989 el politólogo Juan Federico Arreola publico el libro La pena de muerte en México (Editorial Trillas) que cobra vigencia ahora. El tema no es fácil. En los EE. UU. que se construyó vía linchamientos y penas de muerte se han cometido errores, aunque a veces se tiene la impresión de que se usa más como amenaza que como realidad. Al ver cerca su propia muerte, asesinos luchan por vivir y dejan ejemplos de que la muerte atemoriza al más valiente.
La pena de muerte no resuelve problemas de seguridad, pero se usa como un factor de inhibición contra los delincuentes. En algunos casos sirve; en otros no. Su sola existencia le otorga al Estado el poder de decidir sobre la vida de delincuentes.
El debate está abierto.
Zona Zero
· Los pellizcos al Cártel Jalisco Nueva Generación podrían estar empujando a esa organización delictiva a una respuesta violenta en varios estados de la república. Pero la no agresión contra esa agrupación le ha permitido no solo fortalecerse, sino operar con impunidad y avanzar en el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado. Ahora la presión viene de los EE. UU.
· Los colectivos feministas siguen insistiendo en que los gobiernos apliquen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el articulado de feminicidios del Código Penal Federal. Sin embargo, autoridades, ministerios públicos y jueces parecen reacios a ejercer las decisiones legales para castigar no sólo los asesinatos, sino las agresiones cotidianas contra la mujer.
· La falta de efectivos de seguridad de los tres niveles de gobierno está creando las condiciones para el regreso de los grupos de autodefensa rural, sobre todo en zonas ganaderas y agropecuarias. Los delincuentes ya están extorsionando a aguacateros de Michoacán y ganaderos de Veracruz, sin que ninguna autoridad tome decisiones de seguridad.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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