Es incuestionable que la reacción de los votantes en mucho es influida por la conducta de los anteriores funcionarios al proceso de elección; tal por eso el actual presidente de la República obtuvo una inusitada votación, porque durante varios años estuvo hablando y difundiendo actitudes impropias o negativas de los funcionarios públicos.
En junio de 2021 habrá un proceso electoral muy importante para San Luis Potosí y llegaremos ese proceso arrastrando un gran lastre por falta de impartición de justicia oportuna y expedita en el estado potosino, en especial en la casa potosina.
Ricardo Gallardo Juárez Presidente municipal durante la administración anterior dejó una gran cantidad de movimientos inexplicables, o bien que tienen antecedentes de malversación de fondos y corrupción.
Desde luego que se han presentado las querellas correspondientes tanto a nivel de fiscalía general del Estado como de la fiscalía general de la República y después de más de un año ni siquiera ha sido llamado para declarar el principal inculpado ni quiénes podrían resultar sus cómplices.
El regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Waldo Luna, dijo que no es ninguna falta menor el que Ricardo Gallardo Juárez haya desviado más de 267 millones de pesos de impuestos que descontaron al personal del ayuntamiento capitalino, pero que nunca pagaron a Hacienda.
Ni tampoco que no se haya realizado la modernización de avenida Fray Diego de la Magdalena, pese a que se pagaron más de 112 millones por esa obra que no se llevó a cabo y ni siquiera se colocó alumbrado público, ni bacheo.
Tampoco es algo menor el que se haya simulado la compra de medicamentos por más de 42 millones, mucho menos que recursos que eran para seguridad, más de 8 millones de pesos, se hayan empleado para comprar ollas que fueron entregadas a cambio de votos.
Es público que Ricardo Gallardo Juárez durante su administración se apropió ilícitamente de 119 propiedades propiedad del ayuntamiento.
Todo esto a la población le causa una gran desconfianza en las autoridades, en este caso las que imparte justicia; por lo que lo que menos puede esperarse es que haya un gran descenso en la cantidad de votantes que no creen en los funcionarios públicos.
El fiscal general del Estado recientemente ha dicho que una denuncia no basta para acreditar un delito, que es necesario investigarlo a fondo para poder comprobarlo.
Y nos referimos al desvío de los impuestos de los trabajadores del ayuntamiento, ¿acaso la Secretaría de hacienda no tienen suficiente material para proceder al quedar demostrado que se le retuvieron los trabajadores por concepto de impuestos de los trabajadores 257 millones de pesos y no le fueron entregados?
Federico Garza pidió aportar más pruebas en contra de la administración municipal anterior, por mal manejo de recursos.
Dijo que no es sólo responsabilidad del Ministerio Público el seguimiento de las denuncias, las partes involucradas deben continuar en la aportación de elementos para que sea posible configurar un delito.
La ciudadanía acusa lentitud en las denuncias o investigaciones, desarrolladas contra integrantes de la pasada administración municipal de la capital, por supuestos desvíos o usos irregulares de recursos.
Garza apremió tanto a esos inconformes como a la Sindicatura de la gestión actual, a aportar una mayor cantidad de elementos con los que pueda acreditarse alguna responsabilidad.
Esta actitud del fiscal es decepcionante y seguramente restará una enorme cantidad de votos durante el proceso electoral de 2021.
