La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por un monto de mil 809 millones 936 mil 289 pesos en la ejecución del gasto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Gobernación.
A partir de ello, se generaron 61 recomendaciones, 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública con motivo de una irregularidad, detalló.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se estableció que la Secretaría de Gobernación como autorizador de las estrategias y programas anuales de comunicación social, promoción y publicidad, así como sus respectivas modificaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitió autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social que no contaban con recursos presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año.
También, permitió incrementos de recursos a los programas anuales, que no acreditaron el supuesto establecido en el artículo 15 del PEF 2018; y de los que no se emitió una valoración fundada y motivada por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación, en coordinación con la Subsecretaría de Normatividad de Medios ambas de la Secretaría de Gobernación.
De igual modo, reportó la ASF, no se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de la solicitud de los tiempos que por ley corresponden al estado; variaciones en el registro del presupuesto devengado, entre la Cuenta Pública y Comunicación Social.