Constitucionalmente la Defensoría Pública tiene la obligación de dar servicio a toda persona en conflicto con la ley penal, sin embargo en otras materias quienes ganan más de 16 mil pesos al mes no pueden recibir este apoyo.
Lo anterior, lo dio a conocer la coordinadora general de la Defensoría Pública, Martha Luz Rosillo Iglesias quien explicó que cuando se trata de un delito penal, la ley obliga a que se tenga que facilitar un defensor público a quien lo solicite, así tenga capacidad económica o no para contratar un abogado particular.
De igual forma, expuso que las mismas personas privadas de su libertad al interior recomiendan los servicios de la defensoría pública porque fueron capacitados en el nuevo sistema de justicia penal “sí hay defensores particulares pero son menos, no sabemos si por falta de capacitación para los particulares o porque aún hay reticencia hacia el nuevo sistema penal acusatorio y pre-fieren litigar otro tipo de materias”, agregó.
Asimismo, Rosillo Iglesias, detalló que en materia civil, familiar, mercantil o administrativo se aplica un estudio socioeconómico para decidir si se otorga un defensor público. En este caso expuso que si una persona tiene un salario superior a 16 mil pesos mensuales ya no puede ser sujeta al servicio.
Explicó que hay personas que piden que se les dé el servicio a pesar de tener un estatus económico alto cuando la defensoría es para quienes no tienen recursos para contratar a un abogado, “hasta exigen que quieren que se les dé el servicio y se molestan que les mandemos hacer un estudio socioeconómico”.
