La malísima administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se demuestra y comprueba con el resultado del mayor déficit fiscal acumulado en la historia de nuestro país: -10 billones 408 mil 771.2 millones de pesos, se caracterizó por la excesiva corrupción con los grandes derroches y graves excesos del ejercicio y mala orientación del gasto público, siendo importante resaltar la reducción del gasto para el desmantelamiento del sector hidrocarburos de la empresa productiva del estado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del sector eléctrico de la empresa productiva del estado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no fueron atendidas para impulsar su rentabilidad e industrialización.
La situación financiera del sector público es inmejorable al obtener la mayor cantidad de ingresos presupuestarios en la historia de nuestro país a un nivel de 5 billones 384 mil 289.1 millones de pesos que equivalen a 14 mil 751.48 millones de pesos diarios, representando un ingreso superior a 269 mil 178 millones de pesos al obtenido en la administración de Enrique Peña Nieto.
El incremento de los ingresos federales y la reducción de los gastos, dieron como resultado un balance primario superávitario del sector público federal de 275 mil 748.4 millones de pesos y balance público positivo de 88 mil 064.0 millones de pesos que excluye la inversión física del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación en los doce meses del 2019.
Es importante destacar que los resultados de ingresos y gastos, se puede cuantificar y valorar el monto de la reducción de la corrupción exclusivamente del presupuesto público que ascendía a un valor económico anual de -670 mil 268.66 millones de pesos al cierre del 31 de diciembre del 2019, sin considerar los resultados de la lucha contra el robo de combustible, sobreprecios de medicinas en las compras del sector público, megadevoluciones y condonaciones fiscales, usufructo particular de bienes decomisados y confiscados, transferencias de reserva internacional a bancos extranjeros y cuentas personales, otorgamiento de concesiones mineras y explotación de recursos naturales, utilización inadecuada del fondo de ahorro de los trabajadores, contratación y venta de bienes públicos, entrega discrecional de recursos públicos a personas físicas y morales de medios de comunicación, entre muchos otros.
En los resultados obtenidos en la presente investigación especial, se muestra un excesivo gasto público de 7 mil 239.4 millones de pesos en el Ramo Administrativo de la Presidencia de la República a cargo de Enrique Peña Nieto en el ejercicio fiscal del 2017-2018, mientras en la presente administración pública federal el balance presupuestario del gasto real fue -80.8 por ciento inferior al pasar de 3 mil 578.4 millones de pesos en 2018 a tan solo 712.1 millones de pesos en los primeros doce meses del 2019.
Es importante destacar que se logrando reducciones porcentuales importantes en las siguientes oficinas de la Presidencia de la República -80.8, Gobernación -47.6, Relaciones Exteriores -19.9, Agricultura y Desarrollo Rural -22.4, Comunicaciones y Transportes -53.8, Salud -3.1, Marina -6.8, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -18.4, Medio Ambiente y Recursos Naturales -14.4, Fiscalía General de la República -12.7, Turismo -73.4, Función Pública -28.0, Tribunales Agrarios -15.8, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -11.4, Comisión Reguladora de Energía -26.6, Comisión Nacional de Hidrocarburos -13.3, Entidades no sectorizadas -7.3 y -9.7 Cultura, revirtiendo el creciente déficit del pasado sexenio a superávit en los primeros 365 días del año pasado en la actual administración pública federal.
Los resultados demuestran y comprueban la adecuada y correcta aplicación de la política de austeridad en las finanzas públicas de las Oficinas de la Presidencia de la República, dependencias de la administración pública centralizada y ramos generales, cuyo informe del período enero-diciembre del 2019 en el actual gobierno federal, se encuentra a disposición del Congreso de la Unión para dar cumplimiento a los diversos preceptos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
