La masacre de cinco niños y adolescentes en un local de maquinitas de juego en Uruapan, Michoacán, debiera ser un punto de inflexión de la estrategia de seguridad: pasar de la pasividad del Estado a una subestrategia de segundo piso focalizada en bandas identificadas cuya lucha por territorios está generando una nueva oleada de violencia criminal.
La estrategia puede seguir siendo la misma; objetivos de estabilidad, construcción de la paz y desarticulación pacífica de grupos delictivos. Pero algo se tiene que hacer con zonas detectadas como campos de guerra entre grupos. Lo de Uruapan revela una lucha de grupos locales contra el avance del grupo más peligroso en fase de expansión: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El problema que se ve en el corto plazo estaría en una ofensiva diplomática, mediática y hasta institucional de los organismos de seguridad nacional de los EE. UU. contra el CJNG y el Cártel de El Chapo Guzmán, los dos que tienen el control del ingreso, distribución y venta al menudeo en las calles de las principales ciudades de los EE. UU.
No habría razones reales para caracterizar a estos dos cárteles como narcoterroristas, pero el cumplimiento de las condiciones legales sería lo de menos. Al asumirlos como terroristas, el gobierno de los EE. UU. tendrían facultades legales –de su país, no del nuestro– para lanzar una ofensiva contra esas organizaciones transnacionales en territorio mexicano. Y ya vimos a un Trump engallado en su tercer informe de gobierno.
La estrategia de seguridad ha cumplido su etapa de reorganización de instrumentos, leyes y grupos de seguridad, está iniciando con problemas la fase de construcción de la paz y pronto requerirá de una política especifica de diplomacia de seguridad para tranquilizar a los estadunidenses. Trump está calentando el ambiente mediático con afirmaciones que señalan que los mexicanos no parecen ser capaces de controlar la inseguridad y la violencia criminal.
El problema se localiza en la falta de instrumentos del gobierno federal para obligar a gobernadores y alcaldes a asumir su parte de responsabilidad en la violencia. Si todo se quiere cargar sobre la Guardia Nacional, entonces habría que dotarla de facultades operativas en estados y municipios y no pedirla sólo para patrullas algunas zonas sin efectos reales en la inseguridad.
El caso de Uruapan y los niños y adolescentes asesinados es responsabilidad primero municipal y luego estatal. Las corporaciones locales de seguridad carecen de capacitación y entrenamiento en labores de inteligencia criminal como para construir mapas de criminalidad y de organizaciones criminales y para prever escenarios prospectivos de violencia. El Estado federal sí la tiene, pero gobernadores y alcaldes no entiende nada de inteligencia y todo lo ven como espionaje.
El sistema nacional de seguridad pública anunció hace un año un sistema nacional de inteligencia que hoy es indispensable para irle cerrando espacios a las bandas crimínales. Sin inteligencia, policías federales, estatales y municipales seguirán dando palos de ciego y continuarán sorprendiéndose con cada evento de violencia que sacude a la ciudadanía
Ley de la Omertá
La boda de la hija del reo Joaquín El Chapo Guzmán en la catedral de Culiacán recordó la escena inicial de la novela y película El Padrino: policías, congresistas y jueces en la boda y afuera agente del tomando nota de las plazas de los autos. En Culiacán sorprendan las fotos de guardias armados vigilando la entrada de invitados.
Además de la novela El Padrino (1969), de Mario Puzo, cuando menos habría que registrar tres con revelaciones sobre la vida cotidiana de la mafia italiana en Nueva York: Honrarás a tu padre, de Gay Talese, la historia del capo Joseph Bonano contada como nuevo periodismo literario sobre hechos reales, Los papeles de Joe Valachi (1969) y Sérpico (1973), de Peter Maas y El último testamento de Lucky Luciano (1975), del propio Luciano.
En estos textos que tienen veracidad en hechos reales se advierte la complicidad de autoridades en general. Puzo retrata gobernadores, jueces y alcaldes al servicio de los mafiosos, primero en contrabando, juego y prostitución y luego, a partir de mediados de los cincuenta, la droga.
Al final de cuentas, la realidad no copia a la ficción sino, como ocurrió con Al Capone, la ficción apenas descubre algunos indicios de la realidad cotidiana. Cuando las autoridades decidieron acabar con Capone, la ley fue implacable. Pero el poder criminal todo lo corrompe y de nueva cuenta se advierte, en la presencia de cárteles mexicanos en los EE. UU. el poder de la corrupción para meter la droga y venderla a plena luz del día.
Zona Zero
· La violencia está saliéndose de cauce. El ataque contra niños y adolescentes en Uruapan escaló niveles, impacto a la sociedad, pero nada provocó en autoridades federales, estatales y municipales. Ni un programa de emergencia, quizá algunos detenidos menores.
· El Cártel Jalisco Nueva Generación se está convirtiendo en un factor de tráfico y sobre todo violencia criminal por su expansión a nuevos territorios.
No se tienen datos de que las autoridades tengan un programa de análisis de ese grupo y alguna estrategia específica. Lo que sí se sabe es que los EE. UU. están analizando al CJNG para atacarlo en México.
· Sólo como aviso: expertos en seguridad creen que los policías federales despedidos podrían irse más a bandas de secuestradores que al narco o a la seguridad privada, debido a su mala fama en lo general. Habrá que estar atento a las cifras de secuestro, aunque no en los datos oficiales sino en la cifra negra. Algunos creen que las jóvenes desaparecidas estarían en la lógica de actividades de expolicías. El sector de prostitución es muy cercano a policías.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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