Para que la población crea en los funcionarios públicos tienen que darse el ejercicio de la primera justicia; estamos llegando a 2020 con muchos pendientes en materia de justicia que involucran a funcionarios públicos y sobre todo a funcionarios de elección popular.
Desde 2017 en el mes de junio se puso al descubierto un fraude maquinado en el Congreso del Estado que involucraba a diputados de varios partidos políticos; algunos medios periodísticos para identificar este caso le llamaron “la ecuación corrupta”, este fraude consistía en limpiar las cuentas públicas de los presidentes municipales al cambio de un determinado porcentaje que era distribuido entre varios diputados.
Algunos presidentes municipales como fue el caso del presidente municipal de Ébano presentaron ante la entonces naciente fiscalía anticorrupción la denuncia correspondiente, pero ningún diputado involucrado siquiera fue llamado a declarar.
Para 2018 se dio el siguiente proceso electoral y algunos de los diputados señalados hicieron campaña para algún otro cargo de elección popular, seguramente para resguardarse en el fuero constitucional y así no ser llamados a juicio. Hasta hoy el caso está suspendido y al parecer los involucrados le están apostando al olvido.
Pero también hay otro caso que enturbiará gravemente el proceso electoral de 2021 y es el que se refiere a las cuentas que dejó pendientes Ricardo Gallardo Juárez en el ayuntamiento capitalino y que según se habla asciende a inconsistencias por 1800 millones de pesos; entre esto se señala el ISR que se descontaba los trabajadores pero que no se enteraba a la Secretaría de hacienda y éste es un delito fiscal aparentemente de dimensiones muy graves.
Supuestamente el actual ayuntamiento capitalino ha presentado formalmente más de 14 denuncias ante la fiscalía anticorrupción pero se sabe que hasta este momento Ricardo Gallardo Juárez ni siquiera haciendo llamado a declarar o ni siquiera notificado de las demandas del ayuntamiento ha planteado en su contra.
Todo esto enturbia quiérase o no el proceso electoral de 2021, podría haber la alternativa de una nueva Ley Electoral Estatal que ponga orden a todos aquellos políticos gandalla que hoy defraudan al pueblo y mañana buscan su apoyo para otro cargo de elección popular y repetir sus actos de corrupción.
