A fin de entender la problemática que existe en torno a la lucha en contra de la urbanización de la Sierra de San Miguelito es necesario realizar un recuento de cómo los empresarios han intentado apoderarse de las 2,069 hectáreas en conflicto, así como también de la lucha que se ha llevado a cabo por parte de los comuneros opositores en coordinación con activistas agrarios y ambientales, manifestó el asesor jurídico del Frente Amplio Opositor (FAO), Carlos Covarrubias Rendón, quien señaló que esta información también resulta de vital importancia a la hora de reflexionar el significado de la actual consulta promovida por el gobierno municipal.
Carlos Covarrubias explicó que en un primer momento las ambiciones de los desarrolladores inmobiliarios pretendían abarcar un total de 4,300 hectáreas a través de la aprobación de un proyecto de nombre “Machinali”, precisando que eso fue en el 2009 y que en ese momento el empresario Carlos López Median había tomado el control de la comunidad de San Juan de Guadalupe puesto que los representantes de ese núcleo agrario le eran totalmente afines, en lo que influyo un préstamo de $285,000 pesos a cada comunero, de los cuales casi 280 de los 334 comuneros reconocidos aceptaron dicho préstamo firmando los documentos correspondientes.
Sin embargo, el asesor jurídico refirió que en el año 2011 los empresarios presentaron un expediente en la Ciudad de México ante la Procuraduría Agraria, a fin de poder lograr la realización de una inmobiliaria en la que los comuneros aportaban la tierra de uso común mientras que los empresarios aportaban todo el tema administrativo, expediente que fue rechazado por la Procuraduría Agraria bajo el argumento de que no era viable porque carecían del cambio de uso de suelo y además porque la zona pretendida se encuentra dentro de un Área Natural Protegida, con un valor paisajístico y de recarga del acuífero.