Reencauzan baterías vs. FTF
En el marco de la detención del ex secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, Genaro García Luna, por el Gobierno de Estados Unidos, la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, adelanta que el próximo lunes volverán a acusar al ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, ahora ante el Congreso del Estado, “para que se aclara el destino del millonario faltante en la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado”.
Esperanzada en que durante el proceso, consideró posible que durante el juicio del “hombre fuerte del calderonismo”, siga apareciendo información de la sociedad entre Yudiche Lara y el ex gobernador Toranzo Fernández con el Chapo, pues ya desde las detenciones de dos operadores financieros del capo, el gobierno americano tiene abierta una investigación por la presunta participación de la pasada administración estatal a través de la dirección de pensiones, en empresas dedicadas presuntamente a lavar dinero del cártel que encabezaba Joaquín «el Chapo» Guzmán.
De acuerdo con el No. 1945 del semanario Proceso, desde 2010 el gobierno de San Luis Potosí vía la Dirección de Pensiones generó una inversión de 370 millones de pesos en empresas presuntamente dedicadas a lavar dinero «del Chapo» Guzman en Estados Unidos.
En el reportaje: «Crece el escándalo por narcopensiones enSan Luis Potosí», la lideresa sindical sostuvo que el director de Pensiones del Estado «no se manda solo, ahí lo puso el gobernador y una inversión de esas dimensiones sólo la puede autorizar el gobernador», Fernando Toranzo Fernández en aquellas fechas. La información completa la pueden ver en: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec,
EMPRESA FACHADA EN MIAMI
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revelada ayer, García Luna, es acusado de aceptar millones de dólares en sobornos de “El Chapo” Guzmán mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública ese país”, declaró Richard P. Donoghue, Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el mismo donde se llevó a cabo el juicio del Chapo Guzmán y donde esperan el arribo del ex funcionario mexicano en las próximas horas, aunque el gobierno mexicano ya pidió su expatriación para enfrentar aquí cargos parecidos.
Cabe recordar que el 1 de febrero de 2014, Proceso inició una serie de reportajes que cimbraron a los potosinos: “El Chapo, financiado con fondos de pensiones de SLP”, según artículo firmado en conjunto por los periodistas Philippe Engels y Anabel Hernández.
El reportaje publicado en el No. 1944 del semanario de circulación nacional, sostenía que por investigaciones de autoridades estadunidenses sobre dos presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa, se documentó la creciente complejidad de las redes internacionales de lavado de dinero que utilizaba la banda del Chapo Guzmán.
Ocultaban millones de dólares tras una maraña de fraudes a inversores y transferencias bancarias y, “los sospechosos se asociaron en una de sus empresas fachadas con el director de Pensiones de San Luis Potosí, Oziel Yudiche Lara, quien les entregó los fondos de los trabajadores del estado, de los maestros y del Fondo Contingente” de la dependencia.
ACUSA RESÉNDIZ LARA
Con “documentos en poder de Proceso”, aseguraron que en 2011, Yudiche Lara fundó en Miami una “empresa fachada” operada por Daniel Fernández Rojo Filho y Pedro Benavides, identificados por el gobierno estadounidense como lavadores del Cártel de Sinaloa.
Según un informe del Departamento de Defensa de EU, Fernández Rojo Filho y Benavides eran investigados desde 2008 por la DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero para la organización de Guzmán Loera, mediante una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos.
Ambos “empresarios” realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico con pirámides de inversión fraudulentas o esquemas Ponzi, igual que en plantas de energía renovable, para transferir al menos 213 millones de dólares revolviendo así, el dinero del fraude financiero con el del tráfico de drogas y prácticamente imposibilitaron que se aclarara el origen y el destino del dinero.
Además, como piratas modernos, también “enterraron” más de 100 mil onzas de oro en dos depósitos de valores en los estados de Delaware y Texas, “cuyos verdaderos dueños hasta ahora no han asomado la cabeza” infiriéndose que entre los defraudados estuvieron las cuotas para pensiones de los burócratas potosinos.
La dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, Sittge, dijo que FTF “debe responder por el millonario desfalco al sistema de pensiones en nuestro estado” pues ya existe una carpeta de trabajadores en edad de jubilarse, pero no lo pueden hacer por falta de dinero en la Dirección de Pensiones, lo que es del todo injusto.
FTF, OYL, JCM
Indicó que el próximo año volverán a denunciar a los funcionarios que se llevaron el dinero a fin de que lo regresen y los metan presos, señalando concretamente a Fernando Tranzo Fernández, el propio Oziel Yudiche, que sigue como director de Pensiones en el Estado, y al ex secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía.
Esto, a pesar de que un fiscal ya los exoneró, pues el Congreso tiene la obligación de aclarar dónde está el dinero de pensiones, que tratan de reponer con más aportaciones de los burócratas mediante una “campaña tramposa”.
Insistió en que siguen presionando a los trabajadores para que acepten que les aumenten los años de servicio y la cuota de pensiones, pero ya no como una modificación a la ley, sino a través de unas listas que el trabajador firma para después meterlo al Congreso y decir que son los propios trabajadores quienes lo están pidiendo, lo que es rotundamente falso.
Si se logra revivir el caso es probable que Toranzo, Yudiche y Conde no sólo devuelvan lo que quitaron a los trabajadores, también que reciban su merecido, concluye. ¿No sería justo?
SE PASAN…
Y no sin antes consignar las graves acusaciones del presidente municipal de Mexquitic de Carmona, Rafael Pérez Rojas, contra el titular de Sedesore, Alberto Elías Sánchez, de bloquear recursos federales para la red de agua potable a las comunidades de Derramaderos, Ojo de Agua, Los Órganos y Los Jiménez, “ y solo por un capricho devolverle los recursos aprobados por inejercicio a la federación”… Todo parece indicar que los diputados de la Comisión del Agua le querían dar al Interapas el 15 y no el 10% aceptado… Al final culparon al asesor Juan Carlos Gómez, de “confundirse” con los porcentajes que todos, salvo la perredista María Isabel González Tovar –a quien quizá querían meter gol- habían firmado. ¡Qué poca!… Y aquí nos leemos el próximo domingo. ¡Feliz día de las Lupitas!.
margarita_basanez@yahoo.com.mx