Rosario Robles Berlanga quien permanece en prisión acusada de presuntos delitos de corrupción que la llevaron a la impunidad
lgunos de los temas que al menos en el discurso más ha combatido la actual administración federal es la corrupción y la impunidad; tal vez el ejemplo más sobresaliente es el de Rosario Robles Berlanga quien permanece en prisión acusada de presuntos delitos de corrupción que la llevaron a la impunidad.
Pero en el caso de San Luis Potosí no sólo es eventual o anecdótico, sino que es sobresaliente el caso de Ricardo Gallardo Juárez y de Ricardo Gallardo Cardona: ambos indiciados por diferentes autoridades que les exigen cuentas puntuales de los recursos sobre todo federales de los que hicieron mal uso.
El actual ayuntamiento de la capital ha señalado que ha presentado supuestamente demandas perfectamente fundamentadas de más de 1400 observaciones a la administración de Ricardo Gallardo Juárez en el municipio de San Luis Potosí que superan 1000 millones de pesos; muchas de estas observaciones tienen implicaciones de corte Federal como lo es el no haber entregado a la Secretaría de hacienda las retenciones que por impuestos a productos del trabajo hiciera durante tres años a los empleados del ayuntamiento de la capital.
Por este solo señalamiento la Federación le acusa de una evasión de más de 187 millones de pesos; a esto se le añade un reclamo de la auditoría superior de la Federación por el desvío de recursos de los llamados ramos 28 y 33.
Ha transcurrido más de un año y ni la fiscalía general del Estado que cuenta con una fiscalía especial anticorrupción, ni la Fiscalía General de la República le han tocado un pelo a Ricardo Gallardo Juárez. Todo esto ante la sorpresa de la población que nos interesamos por la administración pública.
A esto se le debe de añadir reclamos electorales de diferente tipo como es el iniciar una campaña política adelantada con recursos del ayuntamiento disfrazándolos de informe de gobierno; asimismo se le reclama electoralmente el hecho de haberse manifestado como ganador en el anterior proceso electoral antes de que se dieran a conocer oficialmente los resultados. Ante todas estas faltas electorales el tribunal estatal de lo contencioso electoral en un auténtico acto de irresponsabilidad o tal vez de corrupción devuelve el expediente al Congreso del Estado declarándolo caso cerrado.
Actualmente el Congreso del Estado ha declarado que el expediente de Ricardo Gallardo Juárez se está analizando para ver qué sanción se le puede aplicar y se menciona si llamarle la atención en privado o una reconvención pública por lo que hizo.
Todo esto es un sonoro caso de corrupción e impunidad en el Estado de San Luis Potosí, de esta manera la población difícilmente podrá tener confianza en sus autoridades.