- No está vinculada a observaciones de ASF, dice
- Jaime Hernández y Carmen Dávila los cesados
El titular de la Contraloría General del Estado (CGE) Gabriel Rosillo Iglesias, justificó la salida de funcionarios internos como parte del programa de eficientización que busca mejorar los esquemas de vigilancia y control de cara a lo que será el último tramo de la administración estatal.
En este sentido, el funcionario estatal, se refirió a la salida del director General de Control y Auditoría, Jaime Hernández Segovia, y de la directora de Fiscalización y Obra Pública, María del Carmen Dávila Esquivel, y señaló que estos movimientos son naturales, pues e incluso se dialogó con ambos y se llegó a los mejores términos.
El Contralor, negó que la salida de ambos funcionarios esté vinculada con las observaciones que en su momento hizo la Auditoria Superior de la Federación, pues este tema en lo particular está siendo atendido de manera puntual. Además, sostuvo que el gobierno del estado de San Luis Potosí, lleva a cabo una gestión razonable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, e incluso “esto fue concluido por la Auditoría Superior de la Federación en el informe parcial de la cuenta pública 2018, por lo que su versión final será presentada en febrero del 2020, una vez que se hayan solventado las pruebas”, afirmó.
Insistió en señalar que cualquier movimiento de funcionarios es natural, siempre y cuando se busquen eficientizar algunas áreas que tienen como propósito dar mejores resultados. “Fue durante una reunión que sostuve con todo el personal de la Contraloría General del Estado, donde establecimos las directrices a seguir durante este último tramo de la administración estatal, a fin de entregar buenas cuentas a los potosinos, sobre un trabajo, transparente y responsable”.
Cabe destacar que en su momento, y por una omisión contable, en el concepto de ingresos de libre disposición, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), requirió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el desglose específico de la aplicación de los recursos, bajo el concepto de solicitud de aclaración, sobre todo, aquellos que fueron ejercidos en organismos públicos descentralizados, inversión pública, amortización de deuda, obligaciones financieras y en menor medida en gasto de operación.